La Fiscalía impuso extinción de dominio a bienes de implicados en el caso Centros Poblados

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 23 bienes avaluados en más de 65.900 millones de pesos, vinculados a los principales implicados en el escándalo de corrupción de Centros Poblados. Esta acción busca recuperar los recursos públicos desviados del proyecto que pretendía llevar internet a las escuelas rurales del país.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 23 bienes, cuyo valor supera los 65.900 millones de pesos, pertenecientes a varios de los implicados en el desfalco del contrato de Centros Poblados. Las propiedades estarían a nombre del contratista Emilio José Tapia Aldana, así como de Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares.

Los activos afectados incluyen predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, ubicados en los departamentos de Atlántico, Córdoba, Sucre, Cundinamarca, Risaralda y Nariño.

Según las investigaciones del ente acusador, estos bienes habrían sido adquiridos con dineros provenientes del anticipo irregular que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) entregó a la Unión Temporal Centros Poblados. La Fiscalía determinó que se mezclaron capitales lícitos con recursos de origen ilícito para ocultar su rastro. La medida también cobija un inmueble de la exministra de las TIC, Karen Abudinen, en atención a una decisión de responsabilidad fiscal emitida por la Contraloría General de la República. La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio explicó que la acción jurídica se fundamenta en las causales de equivalencia, mezcla y destinación, ante la imposibilidad de rastrear la totalidad de los fondos desviados.

El objetivo principal es proteger y recuperar el patrimonio público comprometido.

El escándalo, que estalló en 2021, se refiere a un contrato que buscaba instalar 7.277 centros digitales para llevar conectividad a escuelas en las zonas más apartadas de 16 departamentos.

El desfalco al erario ascendió a cerca de 70.000 millones de pesos.

Con estas acciones, las autoridades buscan resarcir el daño causado y enviar un mensaje contra la corrupción en la contratación pública.