
Ofensiva Nacional Contra el Clan del Golfo Debilita sus Estructuras



Durante operativos simultáneos en Antioquia, las fuerzas de seguridad impactaron significativamente a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.
En el municipio de Támesis fue neutralizado alias ‘Político’, señalado como un cabecilla armado clave. En la misma acción fueron capturados alias ‘Amadeo’, uno de los más buscados del suroeste antioqueño y por quien se ofrecía una recompensa de hasta 25 millones de pesos, junto con alias ‘Guajiro’ y alias ‘Primo’. Paralelamente, en la vereda Río Frío de Ituango, se capturó a alias ‘Luis Gómez’, ‘Jorge Celedón’ y ‘El Niche’. En otra operación en la vereda Guacharaquero del mismo municipio, las autoridades capturaron a tres miembros, lograron el sometimiento de otro y recuperaron a una menor de edad que presuntamente había sido reclutada por el grupo. La ofensiva también se dirigió a las finanzas de la organización. En el Bajo Cauca antioqueño fue capturado Medardo Julio González Martínez, alias ‘Tío’, presunto cabecilla financiero de la Subestructura Uldar Cardona Rueda, quien era responsable de recaudar aproximadamente 500 millones de pesos mensuales a través de extorsiones a comerciantes y mineros. El alcance de las acciones se extendió a otros departamentos.
En Ciénaga de Oro, Córdoba, una operación del Gaula resultó en la captura de tres presuntos miembros de la subestructura ‘Javier Yépez Cantero’, conocidos como ‘Beatris’, ‘Carlos’ y ‘Nene Viejo’, mientras cobraban una extorsión. Asimismo, en el departamento del Meta, fue capturado alias ‘el Indio’ o ‘Piyao’, un cabecilla con más de diez años de trayectoria criminal, encargado de una red de sicariato en varios municipios. A pesar de estos éxitos, las autoridades y defensores de derechos humanos alertan sobre la expansión del Clan del Golfo en otras zonas como Risaralda, donde se ha detectado la presencia de dos de sus estructuras, la Edwin Román Velásquez y la José Miguel Madrid. Estas operaciones conjuntas del Ejército y la Policía reafirman la estrategia del Gobierno para desmantelar las capacidades criminales y restaurar la seguridad en los territorios afectados.
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