El Senado de EE. UU. Respalda a Trump: Mantiene Autoridad Militar sobre Venezuela Pese a Dudas Legales



En una reñida votación de 51 en contra y 49 a favor, el Senado estadounidense tumbó una resolución bipartidista que pretendía obligar al presidente Donald Trump a obtener autorización explícita del Congreso antes de ejecutar operaciones militares en o contra Venezuela. La propuesta, impulsada por los senadores Tim Kaine, Adam Schiff y Rand Paul, buscaba reafirmar el poder constitucional del legislativo en la declaración de guerra. Con el rechazo de la medida, el ejecutivo mantiene la facultad de decidir unilateralmente sobre un eventual despliegue militar en el país suramericano. La votación se produjo un día después de que altos funcionarios de la Administración Trump, incluyendo a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, reconocieran en una sesión a puerta cerrada que no existe de momento una justificación legal para atacar territorio venezolano. Explicaron que la actual campaña militar antinarcóticos, iniciada en septiembre, se limita exclusivamente a operaciones contra embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, y no contempla objetivos en tierra firme.
Pese a esta admisión, los funcionarios no descartaron la posibilidad de futuras acciones contra líderes e instalaciones de carteles dentro de Venezuela. Desde el inicio de la campaña, las fuerzas estadounidenses han realizado entre 16 y 20 ataques contra embarcaciones sospechosas, causando más de 65 muertes.
La administración justifica estas acciones como una lucha contra “narcoterroristas”.
Sin embargo, legisladores demócratas como Chuck Schumer y Mark Warner han cuestionado la falta de pruebas y han advertido que un ataque directo a Venezuela violaría el derecho estadounidense e internacional.
Por su parte, la mayoría republicana, liderada por Jim Risch, defendió la autoridad de Trump como comandante en jefe.
El debate sobre los límites del poder presidencial continúa.
El Departamento de Justicia ha estado explorando bases legales para eventuales ataques terrestres, preparando un documento que identifica a 24 organizaciones criminales en Latinoamérica como posibles objetivos.
Mientras tanto, los senadores Kaine y Schiff anunciaron que podrían presentar una nueva resolución para reforzar la supervisión del Congreso sobre futuras acciones militares.


















