Retención a pagos digitales: entre la equidad tributaria y el freno a la inclusión financiera



El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de decreto para aplicar una retención en la fuente del 1,5% sobre los pagos por venta de bienes o servicios realizados a través de plataformas y billeteras digitales como Nequi, Daviplata y el recién lanzado sistema Bre-B. El argumento del Gobierno es "nivelar la cancha" y "corregir el tratamiento dispar" que existe entre estos medios y los pagos con tarjetas de débito o crédito, que ya están sujetos a dicha retención. La medida busca modificar los artículos 1.3.2.1.2., 1.3.2.1.7. y 1.3.2.1.8. del Decreto 1625 de 2016 para unificar el tratamiento fiscal de todos los pagos electrónicos, argumentando que ofrecen las mismas condiciones de trazabilidad y control. De ser aprobado, el decreto establecería que los agentes de retención serían las entidades adquirentes y agregadoras (bancos, pasarelas de pago y fintechs), quienes descontarían el 1,5% al momento de abonar el dinero a los comercios. La base para el cálculo de la retención no incluiría el valor de otros impuestos, tasas, contribuciones ni propinas. Aunque el Ministerio sostiene que no es un nuevo impuesto y no tiene impacto fiscal, para los usuarios y comercios el efecto sería una reducción directa en los ingresos recibidos por cada transacción.
La propuesta ha generado una amplia preocupación entre gremios, expertos y pequeños comerciantes. Se advierte que la medida podría afectar gravemente a microempresas como tiendas, panaderías o peluquerías, que operan con márgenes de ganancia bajos (entre el 3% y 7%) y para quienes la retención podría significar una reducción de hasta la mitad de sus utilidades. Varios analistas temen que esto desincentive la adopción de medios de pago digitales, especialmente del sistema Bre-B del Banco de la República, y provoque un regreso al uso de efectivo, lo que iría en contravía de los esfuerzos de bancarización y formalización económica. Críticos también señalan que la medida parece responder a una necesidad del Gobierno por aumentar su recaudo en un contexto fiscal complejo.
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Hoy en día, los pagos con tarjetas de crédito y débito ya tienen esa retención, mientras que las transacciones por billeteras digitales o códigos QR no la aplican.

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