Gobierno propone un aumento del 13,3 % al salario mínimo para 2026 en medio de un debate económico

La definición del salario mínimo para 2026 se ha convertido en un punto central del debate económico en Colombia, luego de que el fracaso en las negociaciones entre empresarios y sindicatos dejara la decisión final en manos del Gobierno.

Ante la falta de acuerdo en la mesa de concertación tripartita, el Gobierno Nacional propuso un incremento del 13,3 % para el salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) de 2026. De aprobarse, el salario pasaría de $1.423.500 en 2025 a aproximadamente $1.613.426, sin incluir el auxilio de transporte. El Ejecutivo argumenta que el ajuste busca compensar la pérdida de poder adquisitivo, promover un ingreso más digno y estimular el consumo interno.

La decisión final, que podría fijarse por decreto presidencial, se espera para los últimos días de diciembre de 2025.

La propuesta ha generado un intenso debate sobre sus posibles consecuencias económicas.

Un informe advierte que un aumento de esta magnitud podría generar presiones inflacionarias, dificultando que el Banco de la República cumpla su meta de inflación (entre 2 % y 4 %) por sexto año consecutivo.

Esto se debe a que muchos bienes y servicios ajustan sus precios con base en el SMLMV.

Además, se señala que en los últimos años los incrementos han superado la fórmula teórica de inflación más productividad, como ocurrió en 2023 cuando el alza fue del 16 % frente a una suma de 10,5 % de los otros dos indicadores. Otra preocupación clave es el impacto en la informalidad laboral, que afecta a cerca del 55 % de los trabajadores del país. Según datos citados, la proporción de empleados informales que ganan menos de un salario mínimo aumentó del 73 % en 2015 al 78 % en 2025. Los gremios empresariales temen que un alza significativa en los costos laborales desincentive la contratación formal, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

El sector de la vivienda también se ve afectado, ya que los precios de las Viviendas de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP) están indexados al salario mínimo. Un aumento del 13 % elevaría el tope de una vivienda VIS en casi 27,7 millones de pesos.

Aunque los subsidios también crecerían, es posible que no compensen totalmente el encarecimiento, aumentando la carga financiera para los hogares.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha reconocido esta problemática y ha planteado la necesidad de desindexar el precio de la vivienda del salario mínimo.