Gobierno de Colombia declara emergencia económica tras el hundimiento de su reforma tributaria

El Gobierno de Colombia ha anunciado la declaratoria de una emergencia económica para hacer frente a un déficit fiscal de 16,3 billones de pesos. La medida, que permitirá al Ejecutivo legislar por decreto, surge como respuesta directa al hundimiento de su ley de financiamiento en el Congreso y ha desatado un fuerte debate sobre su constitucionalidad.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretará el estado de emergencia económica para recaudar los 16,3 billones de pesos que dejó de percibir tras el fracaso de su ley de financiamiento en el Congreso. El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, confirmó que la medida es necesaria para cubrir el hueco fiscal en el Presupuesto General de la Nación de 2026 y garantizar la financiación de programas sociales, subsidios de energía, el sector salud y la seguridad nacional. La principal justificación del Ejecutivo es que el Congreso creó un “hecho sobreviniente” e imprevisible al aprobar un presupuesto que dependía de una reforma tributaria para luego, dos meses después, negar dicha reforma. El ministro Ávila calificó esta acción como una “trampa” del Legislativo que no tiene antecedentes en los últimos 30 años. Con la emergencia, el Gobierno podrá expedir decretos con fuerza de ley para establecer nuevos tributos o modificar los existentes, buscando implementar medidas similares a las de la reforma rechazada, como impuestos a grandes patrimonios, al sector bancario, a los hidrocarburos, a los licores y a los juegos de azar en línea.

La decisión ha generado un fuerte rechazo en sectores gremiales y políticos. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), calificó la medida como un “manoseo constitucional” y un intento de “gobernar por atajo”.

Sostuvo que la crisis fiscal no es un hecho sorpresivo, sino una condición “estructural, previsible y autoinfligida” por una gestión deficiente y derroche en el gasto. Críticos argumentan que el Gobierno cuenta con herramientas ordinarias, como el recorte del gasto, antes de recurrir a poderes extraordinarios que afectan el equilibrio institucional.

La declaratoria de emergencia económica, que puede extenderse hasta por 90 días en un año, será revisada automáticamente por la Corte Constitucional. Existe escepticismo sobre su viabilidad jurídica, ya que la Corte ha tumbado decretos de emergencia previos del mismo Gobierno, como el de La Guajira en 2023, por no cumplir con los requisitos de ser un hecho imprevisto y la inexistencia de herramientas ordinarias para enfrentarlo. Sin embargo, debido a la vacancia judicial, el Gobierno podría tener una ventana de tiempo para recaudar impuestos antes de que el tribunal emita un fallo.