El Gobierno de Colombia decreta emergencia económica para enfrentar un déficit fiscal y desata una fuerte controversia

El Gobierno de Colombia ha decretado el estado de emergencia económica para solventar un déficit fiscal de más de 16 billones de pesos, una medida que ha desatado un intenso debate sobre su constitucionalidad y sus posibles efectos en la economía del país.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro firmó y radicó oficialmente el decreto que declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en Colombia. La medida se tomó como respuesta al hundimiento de su reforma tributaria en el Congreso, lo que dejó un hueco fiscal superior a los 16 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación para 2026. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, esta herramienta es necesaria para asegurar recursos destinados al pago de la deuda nacional, programas sociales, subsidios de energía y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, afirmando que los nuevos impuestos se enfocarán en los “megarricos” y no en la clase media. El borrador del decreto contempla la creación de varios impuestos transitorios para el año 2026. Entre las principales propuestas se encuentra un impuesto al patrimonio para personas jurídicas con patrimonios líquidos superiores a 40.000 UVT, con tarifas progresivas de hasta el 5 %. También se planea un incremento en los gravámenes al consumo de licores, vinos y cigarrillos, así como un impuesto temporal del 1 % sobre la primera venta o exportación de hidrocarburos y carbón. Además, se ha mencionado la posibilidad de aumentar el gravamen a los movimientos financieros de 4x1000 a 5x1000 y aplicar IVA a los juegos de suerte y azar por internet. La declaratoria ha generado un rechazo contundente por parte de gremios empresariales como la ANDI, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) y Fenalco, así como de congresistas de diversos partidos.

Los opositores argumentan que no se cumplen los requisitos constitucionales para una emergencia, ya que un déficit fiscal estructural no es un hecho sobreviniente. Advierten que la medida es un “atajo” para eludir el control del Congreso, afecta la confianza inversionista y establece un precedente negativo.

Como alternativa, proponen políticas de austeridad y mayor eficiencia en el gasto público.

Ante la controversia, los gremios y varios congresistas han solicitado a la Corte Constitucional revisar con urgencia la legalidad del decreto, pidiendo incluso que se convoque a una sala plena extraordinaria durante la vacancia judicial.

El presidente Petro cuestionó esta solicitud, sugiriendo que busca proteger los intereses particulares de los sectores de mayores ingresos. El debate pone en tensión el equilibrio de poderes y la estrategia fiscal del Gobierno para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.