El Gobierno Nacional adjudicó más de 5900 contratos antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías

A pocos días de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que restringe la contratación estatal, el Gobierno Nacional ha adjudicado miles de contratos y ha realizado cambios de personal en varias entidades, generando controversia.

El Gobierno Nacional adjudicó 5.923 contratos por un valor superior a los 609 mil millones de pesos entre el 1 y el 26 de enero de 2026, a solo cinco días de que entrara en vigencia la Ley de Garantías Electorales. Esta normativa, Ley 996 de 2005, que rige a partir del 31 de enero, impone restricciones a la contratación pública y a los movimientos de personal en entidades estatales para evitar que los recursos públicos se usen con fines electorales. Según una investigación del diario El Tiempo en el sistema Secop, 14 ministerios y seis departamentos administrativos participaron en esta ola de contrataciones.

La modalidad predominante fue la contratación directa, con 5.741 contratos que sumaron más de 546 mil millones de pesos.

Otros 180 contratos se adjudicaron bajo régimen especial y dos mediante convenios.

Entre las entidades involucradas se encuentran los ministerios de Minas, Ambiente, Defensa e Igualdad, así como el Dapre, el DNP, Prosperidad Social y la Ungrd. El Ministerio de Minas y Energía fue la entidad con el mayor número de adjudicaciones, firmando 883 contratos, todos por prestación de servicios y contratación directa. Le siguió el Ministerio de Ambiente con 720 contratos, también todos bajo la modalidad directa. La actividad contractual se concentró en días específicos, con picos de hasta 154 contratos firmados en una sola jornada por la cartera de Minas. Paralelamente a la contratación, se han generado polémicas por cambios en el personal de distintas entidades. En el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), se reportaron despidos masivos de al menos 30 funcionarios en la noche del 26 de enero. Adicionalmente, el sindicato de la Cancillería denunció la salida de altos funcionarios de carrera diplomática, quienes, según El Espectador, han sido reemplazados por contratistas.