La Nueva Era de la Nueva EPS: El Gobierno asume el control y los riesgos de la aseguradora más grande de Colombia

El Gobierno Nacional ha asumido el control mayoritario de la Nueva EPS, la aseguradora de salud más grande del país, una movida estratégica que redefine el papel del Estado en el sistema y genera interrogantes sobre el futuro de la atención para millones de afiliados.

El Gobierno Nacional se convirtió en el accionista mayoritario de la Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande de Colombia con más de 12 millones de afiliados. Tras meses de negociaciones, el Estado alcanzó el 51% de la participación accionaria luego de que seis cajas de compensación familiar —Colsubsidio, Cafam, Compensar, Confenalco Valle, Confenalco Antioquia y Confandi— cedieran parte de su propiedad.

Anteriormente, las cajas poseían el 50,1%.

Con este cambio, la Nueva EPS pasa a operar bajo un modelo de empresa mixta con dominio estatal, similar al de compañías como Ecopetrol. La toma de control fue acompañada de un cambio inmediato en la dirección. Gloria Polanía, quien llevaba pocas semanas como interventora de la entidad, fue removida de su cargo. En su reemplazo fue designado Óscar Gálvez, un funcionario con experiencia previa en la intervención de otras EPS durante la actual administración, lo que subraya la intención del Gobierno de ejercer un control estricto sobre la gestión. La principal inquietud entre los usuarios es si esta transformación mejorará la prestación de los servicios de salud. Teóricamente, el control estatal permitiría una inyección directa de recursos y la capacidad de girar pagos adeudados a hospitales y clínicas. Sin embargo, analistas advierten sobre riesgos significativos, como la posibilidad de que la EPS se convierta en una carga fiscal para la nación si requiere aportes públicos constantes para cubrir sus déficits financieros. Además, existe la preocupación por la pérdida de la experiencia administrativa que aportaban las cajas de compensación. El presidente Gustavo Petro se refirió a la situación, afirmando que el Gobierno ya era "dueño de la mitad de la deuda de la Nueva EPS" desde su fundación.

Este movimiento se da en un contexto de crisis en el sector, evidenciado por el aumento del 16% en las tutelas por salud y un 79% en las quejas entre 2022 y 2025.