El Gobierno colombiano elimina el subsidio al diésel para vehículos particulares

El Gobierno nacional ha decidido eliminar el subsidio al diésel para vehículos de uso particular, oficial y diplomático, que ahora pagarán el combustible a precio internacional. La medida busca reducir el costo fiscal y focalizar los recursos públicos en sectores con una función social esencial.

Mediante el Decreto 1428 de 2025, el Gobierno nacional oficializó la eliminación del subsidio al Acpm (diésel) para los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial.

Con esta decisión, dichos automotores comenzarán a pagar el combustible a precio de paridad internacional, que según estimaciones oficiales podría ser hasta 6.000 pesos superior por galón al valor actual. La medida tiene como objetivo corregir las distorsiones generadas por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que, según el Ministerio de Minas y Energía, subsidiaba el consumo de vehículos que no cumplen una función social esencial, generando un alto costo fiscal para el Estado. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que la focalización del subsidio busca una mayor equidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, destinándolos a donde más se necesitan. Quedan expresamente excluidos de esta medida los vehículos de transporte público de carga y de pasajeros. El Gobierno aseguró que esta exclusión es fundamental para evitar impactos negativos en el costo de los alimentos, las tarifas del transporte y, en general, en el bolsillo de los hogares colombianos. El ministro Palma reiteró que no se trata de un aumento generalizado del combustible, sino de una corrección a un subsidio considerado "injusto y no sostenible".

La implementación de la nueva política será gradual y focalizada.

Comenzará a aplicarse dentro de un periodo de transición de seis meses en 75 municipios del país, incluyendo las principales ciudades y áreas metropolitanas como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Montería, Pereira e Ibagué. El Gobierno monitoreará el impacto de la medida antes de considerar una posible ampliación a otras zonas del territorio nacional.