El Gobierno de Colombia restringe la importación de drones por el aumento de ataques contra la Fuerza Pública

El Gobierno Nacional ha impuesto nuevas y estrictas restricciones a la importación de drones en Colombia, una medida de seguridad para contrarrestar el creciente uso de estos dispositivos por parte de grupos criminales en ataques contra la Fuerza Pública.

Mediante la resolución 000242 de 2025, el Gobierno Nacional, en un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Defensa, la DIAN y la Aeronáutica Civil, ha limitado el ingreso de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS), así como de sus partes y repuestos, a solo dos puntos autorizados en el país: el puerto de Cartagena y el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. La nueva normativa prohíbe la importación de estos equipos a través de tráfico postal o envíos urgentes y exige la presentación anticipada de la declaración de importación. El objetivo principal es fortalecer el control y la trazabilidad de los drones que ingresan al territorio nacional. Esta medida responde directamente al alarmante aumento de ataques contra la Fuerza Pública. Según el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, durante 2025 se registraron 8.500 intentos de ataque con drones contra militares y policías en zonas de conflicto. Aunque los sistemas de defensa lograron neutralizar el 96 % de estas amenazas, el 4 % restante causó afectaciones a uniformados y a la población civil. Las autoridades han identificado que grupos como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias son los principales usuarios de esta tecnología para fines ilícitos en regiones como Cauca, Chocó y el Catatumbo. Para complementar estas restricciones, el Gobierno ha puesto en marcha el proyecto “Escudo Nacional” antidrone, que requerirá una inversión total de 6,2 billones de pesos, con un billón destinado a su primera fase. Adicionalmente, el Ministerio de Defensa ofrece recompensas de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de operadores de drones vinculados a organizaciones criminales, pues se considera crucial desarticular las redes ilegales además de implementar soluciones tecnológicas.

Sin embargo, la regulación ha generado preocupación en diversos sectores productivos y civiles.

Empresas tecnológicas, productores audiovisuales, investigadores y usuarios recreativos han advertido sobre posibles consecuencias negativas, como el incremento de costos, demoras en las importaciones y afectaciones a proyectos de innovación en áreas como la agricultura de precisión y el monitoreo ambiental. El desafío para el Estado será equilibrar las necesidades de seguridad con el fomento del desarrollo tecnológico legal en el país.