Garantía de suministro a un alto costo: la apuesta del Gobierno por el gas importado y su impacto en la ciudadanía

El Gobierno Nacional ha implementado medidas transitorias para asegurar el suministro de gas natural, habilitando la infraestructura de importación para priorizar la demanda esencial. Sin embargo, esta estrategia genera preocupación por el impacto económico que la creciente dependencia del gas importado podría tener en sectores clave como el transporte en Bogotá.

El Ministerio de Minas y Energía publicó un proyecto de resolución para habilitar de manera transitoria el uso de la infraestructura de importación de gas natural, como parte de un paquete de 20 medidas para garantizar la seguridad energética del país. El objetivo principal es incrementar la oferta, reforzar la confiabilidad y priorizar la atención de la demanda esencial, que incluye a usuarios residenciales, pequeños comercios y estaciones de gas vehicular. Según el ministro Edwin Palma, la medida busca asegurar “que cada molécula de gas disponible llegue a quien más lo necesita”. La normativa permite que los generadores térmicos comercialicen en el mercado secundario el gas importado cuando no requieran su capacidad de regasificación para el despacho eléctrico, liberando así molécula adicional para el mercado nacional. Adicionalmente, se promueve el uso temporal de Gas Licuado de Petróleo (GLP) importado en plantas térmicas para liberar más gas natural. El proyecto también establece que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá expedir en un plazo de tres meses una regulación específica sobre swaps operativos y contractuales para optimizar el sistema de transporte.

Esta creciente dependencia del gas importado ha generado inquietud en Bogotá. Durante un debate en el Concejo de la ciudad, se reveló que el gas importado superará un tercio del abastecimiento para hogares y comercios, mientras que el sector industrial dependerá casi en su totalidad de fuentes externas. El concejal Rolando González advirtió sobre los riesgos de esta transición, especialmente para el segmento de gas natural vehicular (GNV). Las proyecciones indican que casi la mitad del gas para GNV será importado, lo que podría elevar el valor del metro cúbico a $3.281.

Esto se traduciría en sobrecostos de hasta $200.000 para los conductores, afectando directamente a taxistas y usuarios de vehículos particulares. El alza se debe a incrementos superiores al 140 % en el componente de suministro y a mayores costos de transporte. Para el sistema de transporte público, los sobrecostos proyectados para 2026 podrían presionar las finanzas del Fondo de Estabilización Tarifaria. Ante esto, el Concejo propuso priorizar el suministro para el transporte público y optimizar la logística de transporte del gas.