Alerta por Contratación Masiva: Gobierno Compromete Billones de Pesos Justo Antes de la Ley de Garantías

La Contraloría General de la República ha emitido una alerta por una concentración inusual de contratación estatal, donde se comprometieron billones de pesos en un solo día, justo antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías Electorales para las elecciones de 2026.

La Contraloría General de la República identificó un comportamiento contractual “atípico y altamente concentrado” durante la primera semana de noviembre de 2025.

Según el ente de control, en esos siete días se comprometieron recursos por $9 billones. De manera alarmante, el 7 de noviembre, último día hábil antes del inicio de las restricciones, se firmaron contratos por un valor de $6,1 billones, lo que equivale al 68 % del total de la semana. Esta es la primera alerta que emite la Contraloría en el marco del seguimiento al gasto público de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. El volumen de contratación de ese único día representa 2,9 veces el promedio mensual registrado entre enero y agosto de 2025, que fue de $2,1 billones, y supone un incremento del 190 % frente al comportamiento histórico. La Contraloría calificó esta situación como un “indicador crítico de fallas en la planificación y posibles aceleraciones contractuales asociadas al cierre preelectoral”, lo que pone en duda la transparencia en el uso de los recursos públicos. El análisis de los datos reportados en el Secop reveló que el Departamento de Prosperidad Social (DPS) fue la entidad con la mayor concentración de contratación, al suscribir convenios por $770.000 millones, correspondientes al 8,5 % del total comprometido por el Estado en ese periodo. El organismo fiscalizador informó que actualmente se encuentra analizando la distribución de estos contratos en los diferentes departamentos del país. Como parte de sus acciones, la Contraloría, a través de su Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo, está realizando un seguimiento exhaustivo a los contratos suscritos desde septiembre hasta los primeros días de noviembre. El objetivo es identificar operaciones sensibles, como logística o eventos, para “anticipar riesgos, emitir alertas tempranas y garantizar que los recursos públicos no sean comprometidos en contravención de la Ley de Garantías”. Adicionalmente, la representante a la Cámara Katherine Miranda también denunció una “maratón de contratación”, aunque con cifras diferentes, y solicitó a los entes de control investigar los hechos.