Colombia y Ecuador se imponen aranceles mutuos del 30 por ciento en medio de tensiones diplomáticas

Una disputa sobre la cooperación en seguridad fronteriza ha escalado a una guerra comercial entre Colombia y Ecuador, llevando a ambos países a imponerse mutuamente aranceles del 30 % sobre una variedad de productos importados.

El Gobierno de Ecuador, presidido por Daniel Noboa, inició la disputa al anunciar la aplicación de un arancel temporal del 30 % a las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero de 2026. La medida fue justificada por una supuesta falta de reciprocidad de Colombia en la lucha contra el crimen organizado transnacional en la frontera. La ministra de Gobierno de Ecuador, Nataly Morillo, afirmó que el arancel se mantendrá hasta que exista un "compromiso real y efectivo" para combatir conjuntamente la delincuencia, en un contexto en el que Ecuador ha declarado un conflicto armado interno contra estos grupos. En respuesta, el Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, aprobó un arancel recíproco del 30 % sobre productos ecuatorianos. La ministra Diana Marcela Morales Rojas calificó la acción como un instrumento en "defensa de la seguridad nacional", argumentando que la decisión unilateral de Ecuador desconoce los compromisos comerciales en el marco de la Comunidad Andina y genera un ambiente de tensión que impacta la economía colombiana. La medida colombiana afecta a 73 subpartidas arancelarias, principalmente productos pesqueros y agrícolas como preparaciones de pescado, aceite de palma, arroz, frijoles, cacao y azúcar, además de químicos, plásticos y manufacturas de metal. Las autoridades colombianas han refutado las acusaciones de inacción.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que los resultados en la lucha contra el narcotráfico en la frontera son mejores que en años anteriores. Por su parte, el presidente Gustavo Petro destacó la captura de líderes de bandas ecuatorianas en Colombia y propuso crear una política conjunta de control portuario. A pesar de la respuesta arancelaria, el Gobierno colombiano ha manifestado que la medida no busca escalar el conflicto y mantiene abiertos los canales diplomáticos para restablecer condiciones comerciales justas. La escalada arancelaria podría tener consecuencias negativas, como un aumento del contrabando y la puesta en riesgo de aproximadamente 200.000 empleos en ambos países, según un dirigente gremial. Adicionalmente, Colombia evalúa imponer restricciones al ingreso terrestre de productos agropecuarios frescos, como el arroz, y a la importación de insumos para la fabricación de fentanilo.