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Disputa por el traslado de cotizantes de alto riesgo a Colpensiones

El Gobierno Nacional busca trasladar los ahorros pensionales de 45.000 trabajadores de alto riesgo desde los fondos privados hacia Colpensiones, una medida que involucra cerca de 9 billones de pesos y ha generado una controversia con las AFP.
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El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, ha anunciado la intención del Gobierno de trasladar a aproximadamente 45.000 trabajadores de alto riesgo, como bomberos, mineros y personal de cárceles, desde los fondos privados de pensiones (AFP) al régimen público.

Según Dussán, la ley estipula que estos cotizantes deben estar afiliados a Colpensiones. La medida implicaría la transferencia de cerca de 9 billones de pesos que, en palabras del funcionario, los fondos privados "le deben" al sistema público. Los ministerios de Hacienda, Salud y Trabajo ya han enviado comunicaciones a las AFP para iniciar el proceso.

La justificación principal para este traslado masivo es financiera.

Dussán argumenta que Colpensiones tiene la capacidad para asumir las pensiones especiales, como las de invalidez o sustitución, asociadas a estas profesiones. Además, los 9 billones de pesos se utilizarían para fortalecer el pilar solidario del sistema pensional, permitiendo financiar un bono de 300.000 pesos para tres millones de adultos mayores en situación de pobreza. Este ingreso también representaría un alivio para el Presupuesto General de la Nación del año 2026. La propuesta ha generado una fuerte polémica y la reacción de los fondos privados.

Asofondos, el gremio que representa a las AFP, sostiene que el dinero reclamado no es del Gobierno, sino que pertenece a los ahorros individuales de los trabajadores. Tras una reunión con los ministerios implicados, se acordó la creación de una mesa técnica para gestionar los traslados de manera ordenada, voluntaria y con doble asesoría para los afiliados. Mientras tanto, se habilitará la cotización de estos trabajadores. Cabe destacar que, según uno de los artículos, la afiliación actual de estos trabajadores a fondos privados se basa en un concepto gubernamental del año 2004.

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