Gobierno propone fijar el precio de la Vivienda de Interés Social en pesos para evitar alzas automáticas

El Gobierno Nacional ha presentado un borrador de decreto que busca desvincular el precio de la Vivienda de Interés Social del salario mínimo, una medida que podría transformar las reglas de compra para miles de familias en Colombia.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio publicó un borrador de decreto que propone cambios significativos en la comercialización de la Vivienda de Interés Social (VIS) en el país. La principal iniciativa es prohibir que el precio de estos inmuebles se vincule al Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV) y obligar a que se pacte un valor fijo y definitivo en pesos colombianos desde el inicio de cualquier negocio jurídico, como la separación o la promesa de compraventa. El objetivo es ofrecer mayor seguridad jurídica a los compradores y protegerlos de los incrementos automáticos que se generan cada año con el ajuste del salario mínimo. La propuesta surge en un contexto marcado por el reciente aumento del salario mínimo para 2026, cercano al 23%, lo que ha encarecido automáticamente el valor final de las viviendas para quienes las negociaron en SMMLV. Según el Gobierno, esta indexación traslada a los compradores un riesgo que no refleja necesariamente los costos reales de construcción, afectando la capacidad financiera de los hogares de menores ingresos a los que se destina este tipo de vivienda. El presidente Gustavo Petro calificó la relación directa entre el alza salarial y el precio de la VIS como una "aberración económica", aclarando que la medida busca proteger la función social de estos proyectos. El borrador establece que el precio máximo de la VIS se unificará en 135 SMMLV para todo el país. Los únicos ajustes permitidos al precio pactado en pesos serían por motivos extraordinarios, como un aumento comprobado en los costos de construcción, certificado por el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICCE) del DANE. Además, se considerarían prácticas abusivas, según la Ley 1480 de 2011, la omisión de fijar el precio en pesos o la dilación injustificada en la firma de documentos para aplicar incrementos del salario. La iniciativa ha generado reacciones diversas.

Mientras exfuncionarios como José Antonio Ocampo apoyan la desindexación, otros como José Manuel Restrepo y gremios del sector constructor advierten sobre una posible reducción en la oferta de nuevos proyectos y la generación de inseguridad jurídica en contratos ya establecidos.

El borrador está abierto a comentarios públicos y contempla un régimen de transición para los negocios iniciados antes de su eventual entrada en vigencia.