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Dilema Fiscal: Propuesta de Retención a Pagos Digitales Enfrenta al Gobierno con el Sector Financiero por el Futuro de la Bancarización

Una propuesta del Gobierno Nacional para aplicar una retención en la fuente del 1,5 % a los pagos electrónicos ha desatado una amplia polémica en Colombia, enfrentando el objetivo de equidad tributaria con los avances en inclusión financiera y digitalización.
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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, junto con la DIAN, ha puesto a consideración un proyecto de decreto que busca unificar el tratamiento tributario de los pagos electrónicos. La propuesta consiste en aplicar una retención en la fuente del 1,5 % a las transacciones realizadas a través de billeteras digitales y plataformas como Nequi, Daviplata y el nuevo sistema de pagos inmediatos Bre-B. Según el Gobierno, el objetivo es eliminar la diferencia existente con los pagos efectuados mediante tarjetas de crédito y débito, que ya están sujetos a dicha retención, para así nivelar las condiciones entre los distintos medios de pago. Las autoridades han aclarado que no se trata de un nuevo impuesto, sino de un ajuste a la retención ya existente para adaptarla a la evolución de los sistemas de pago. La medida aplicaría únicamente a las operaciones que constituyan un ingreso gravado por la compra de bienes o servicios, y la retención sería asumida por el comercio o vendedor, no por el usuario que realiza el pago.

Quedarían exentas las transferencias entre personas naturales que no representen una actividad comercial, así como los contribuyentes del régimen simple de tributación y las personas naturales no responsables del IVA.

La iniciativa ha generado un fuerte rechazo por parte del sector financiero, gremios y figuras políticas.

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) advirtió que la medida podría desincentivar el uso de canales digitales y fomentar un regreso al efectivo, que no tiene ninguna retención, lo que iría en contravía de los esfuerzos de formalización y bancarización. Presidentes de bancos como Banco de Bogotá, Davivienda y Banco Caja Social calificaron la propuesta como inoportuna y perjudicial para la adopción del sistema Bre-B, un proyecto estratégico para reducir el uso del efectivo en el país. Economistas como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, y el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, también criticaron la medida, argumentando que encarecería las operaciones para pequeños negocios. A las críticas se sumaron el presidente del Senado, Lidio García, y la senadora María Fernanda Cabal, quien anunció que demandará el decreto si es aprobado.

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