Tensiones entre el Gobierno Nacional y las regiones por políticas de tierras y seguridad

Recientes decisiones y acciones del Gobierno Nacional en Santander, Bolívar y Antioquia han generado tensiones con las autoridades locales y comunidades, que denuncian falta de diálogo y apoyo en temas cruciales como el uso de la tierra y la seguridad.

Diversos acontecimientos en diferentes regiones de Colombia ponen de manifiesto una creciente tensión entre las políticas del Gobierno Nacional y las realidades territoriales.

Casos en Santander, Bolívar y Antioquia reflejan conflictos por la imposición de medidas, la ausencia estatal y la implementación de la reforma agraria. En Santander, el gobernador Juvenal Díaz Mateus, junto a los alcaldes de San Vicente y El Carmen de Chucurí, ha expresado su rechazo a las Zonas de Protección de Producción Agrícola (ZPPA), calificándolas de "decisiones impuestas desde Bogotá". Las ZPPA, diseñadas para proteger suelos de alta aptitud agrícola, han generado preocupación entre los campesinos. El gobernador ha instado al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) a visitar el territorio y socializar las resoluciones directamente con las comunidades afectadas, argumentando que estas medidas impactan a municipios que históricamente han sido la despensa agrícola del país. Por otro lado, en Arenal del Sur, Bolívar, cerca de mil personas desplazadas por amenazas de grupos armados han decidido retornar a sus hogares a pesar del temor y la falta de acompañamiento del Gobierno Nacional. Líderes comunitarios afirman que funcionarios del gobierno se comprometieron a visitar la zona para ofrecer soluciones y apoyo, pero no han cumplido.

La situación de fondo es compleja, marcada por enfrentamientos entre grupos ilegales que se disputan el control de economías ilícitas, como la extracción de oro en la Serranía de San Lucas. Finalmente, en Antioquia, el gobierno del presidente Gustavo Petro entregó 120 hectáreas de la Hacienda Nápoles, conocidas como el predio “La Perla”, a la Asociación de Mujeres Construyendo Tejido Social, como un acto de restitución a víctimas del conflicto armado. Aunque la medida se enmarca en la política de reforma agraria, ha suscitado inquietud entre empresarios locales por su posible impacto en el turismo que genera el parque temático.

Además, se mencionan posibles desafíos legales debido a contratos de arrendamiento vigentes.