Diálogo en Santander: Gobierno y comunidades buscan una salida a la crisis de los peajes en la Ruta de los Comuneros



Tras 42 días de protestas con las talanqueras levantadas en los peajes de Oiba, Curití y Pescadero, en Santander, se instaló una mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional, la Gobernación de Santander y los líderes de la manifestación. El objetivo del encuentro, que se extendió por más de cinco horas en Curití, fue buscar soluciones a la situación del corredor vial y reactivar el convenio de la Ruta de los Comuneros. A la reunión asistieron altos funcionarios como la viceministra de Infraestructura, Liliana Ospina Romero, y el director nacional del Invías, John Alexander Bernal, junto a delegados de los ministerios del Interior y de Gestión del Riesgo. También participaron la Gobernación de Santander, a través de sus secretarías del Interior y de Infraestructura, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, personerías locales y representantes de la comunidad y transportadores. El eje de la discusión fue la reactivación y actualización del ‘Convenio de los Comuneros’, un acuerdo clave para ejecutar obras pendientes en la Ruta 45A. Como resultado, se trazó una hoja de ruta para que el Ministerio de Transporte, el Invías y Findeter presenten una propuesta técnica y financiera ajustada antes del primero de diciembre. Entre los avances se destaca la inclusión de veedurías ciudadanas y la designación de un delegado comunitario como actor formal en el proceso de revisión del convenio, lo que fue valorado como una garantía de participación directa. Pese a los avances, no se logró un acuerdo definitivo para levantar la protesta.
Las comunidades ratificaron que mantendrán las talanqueras arriba hasta que se materialicen compromisos concretos y verificables.
Sin embargo, se establecieron compromisos iniciales, como una inversión de 26 mil millones de pesos por parte del contratista actual para obras de mantenimiento hasta el 31 de diciembre. Paralelamente, se informó sobre otra protesta en el peaje de la Mesa de los Santos, que tiene particularidades jurídicas distintas al ser administrado por la Gobernación.








