
Escándalo de corrupción en la Alcaldía de Tunja



El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov; la exgestora social, Sara Catalina Pedraza Canaría, y la directora de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán, fueron judicializados por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción. La investigación se centra en la supuesta celebración indebida de contratos para persuadir al abogado Juan Sebastián Ramírez García de que retirara una demanda que buscaba la nulidad de la elección del alcalde. La demanda original argumentaba que Krasnov estaba inhabilitado para ser elegido por haber firmado un contrato con la Universidad Pública UPTC menos de un año antes de las elecciones. Según la Fiscalía, para lograr el retiro de esta acción legal, se firmó un primer contrato en febrero de 2024 por 19.800.000 pesos, el cual no se ejecutó. Posteriormente, se suscribió un segundo contrato a través de la empresa pública Ecovivienda por un valor de 54.285.000 pesos. Las pruebas indican que los trámites contractuales comenzaron después de la instauración de la demanda y culminaron con su retiro. Además de la contratación irregular, el alcalde Krasnov enfrenta un cargo por amenaza a testigos. Presuntamente, habría presionado al entonces gerente de Ecovivienda, Eduardo Camargo, para que firmara el contrato y un documento que lo eximía de responsabilidad, utilizando como medio de coacción la posible divulgación de videos de supuesto acoso sexual. Por estos hechos, Krasnov fue imputado por interés indebido en la celebración de contratos y amenaza a testigos.
A Pedraza Canaría se le imputó el mismo delito en calidad de cómplice y a Acevedo Galán como coautora. El juez de control de garantías, Martín Hernández, consideró que las pruebas permiten inferir la responsabilidad de los implicados y calificó los hechos como "un cáncer actual: la corrupción administrativa". Aprobó la solicitud del fiscal Óscar Fernando Díaz de imponer medidas de aseguramiento no privativas de la libertad para Krasnov y Pedraza. Estas medidas incluyen la obligación de presentarse ante la autoridad judicial, la prohibición de salir del país y la prohibición de comunicarse con las víctimas o testigos, en particular con Eduardo Camargo. La defensa de Pedraza apeló la decisión.
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