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Procesos judiciales complican al entorno del presidente Petro

La situación judicial del círculo cercano al presidente Gustavo Petro se ha complicado significativamente. La Fiscalía General ha imputado nuevos delitos a su hijo, Nicolás Petro, mientras que la Corte Suprema de Justicia ha ordenado investigar a altos funcionarios del gobierno por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de 2022.
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La Fiscalía General de la Nación amplió la acusación contra Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico, sumando los delitos de peculado por apropiación y falso testimonio a su proceso. Estos se añaden a los cargos ya existentes por interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento público, elevando a cinco el total de imputaciones. Las acusaciones se centran en presuntas irregularidades en contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social. La decisión de la fiscal del caso, Lucy Laborde, se produjo tras el aplazamiento de la audiencia de imputación, que fue solicitada por la defensa y reprogramada para noviembre. En un caso separado pero de alto impacto político, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que investiguen a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, y a Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. La investigación se origina por presuntas irregularidades en los gastos de campaña del Pacto Histórico en 2022. Roa fue el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, mientras que Jaramillo gerenciaba la campaña al Senado. El alto tribunal encontró indicios de que un contrato de vuelos con la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), por más de 1.200 millones de pesos, fue registrado como un gasto de la campaña al Senado cuando en realidad habría sido utilizado por la campaña presidencial. Según la Corte, los pasajeros habituales de dichos vuelos eran el entonces candidato Gustavo Petro, Laura Sarabia y Armando Benedetti, y no los aspirantes al Congreso. Esta presunta maniobra contable habría tenido como objetivo no exceder los topes de financiación de la campaña presidencial. Las evidencias sugieren una posible alteración de facturas y planillas de vuelo para ocultar los verdaderos beneficiarios del servicio.

Estos procesos se suman a otras investigaciones en curso.

Nicolás Petro ya enfrenta un juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos relacionado con dineros recibidos durante la campaña presidencial. Por su parte, el CNE ya adelanta una investigación sobre la financiación de la misma campaña, lo que agrava el panorama judicial para figuras clave del gobierno y del entorno familiar del presidente.

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