La Fiscalía imputa cargos a Juliana Guerrero por falsificación de títulos universitarios y solicita detención domiciliaria

La carrera política de Juliana Guerrero, quien fue postulada como viceministra de Juventudes, enfrenta un momento crítico tras la decisión de la Fiscalía General de la Nación de imputarle cargos por la presunta falsificación de sus títulos universitarios.

La Fiscalía General de la Nación anunció la imputación de cargos contra Juliana Guerrero, postulada para el cargo de viceministra de Juventudes en el gobierno de Gustavo Petro, y contra Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José. Ambos serán procesados por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. La investigación se centra en la expedición irregular de los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable que Guerrero utilizó para acreditar sus competencias y aspirar al cargo público. Según la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, los diplomas fueron registrados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) en agosto de 2025, a pesar de haber sido expedidos el primero de julio de ese año sin cumplir con los requisitos académicos legales. Las pruebas recolectadas por el ente acusador indican que Guerrero no asistió a clases ni presentó las pruebas de Estado Saber Pro y Saber TyT, requisito indispensable para la graduación. Esta información fue confirmada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), lo que llevó a la propia universidad a anular los títulos en noviembre de 2025. Como parte del proceso, la Fiscalía solicitó ante un juez de control de garantías la medida de aseguramiento con detención domiciliaria para Guerrero y Gutiérrez mientras avanza la investigación. La decisión final sobre esta medida y la continuación del proceso judicial está ahora en manos del juez. El caso de Guerrero, quien a sus 23 años tuvo un ascenso meteórico en la política impulsada por Armando Benedetti, se suma a otras controversias, como el presunto uso de aeronaves de la Policía para viajes personales y contratos cuestionados con la Universidad Industrial de Santander (UIS).