
Golpes al Clan del Golfo en el Caribe colombiano



En una serie de operativos coordinados entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército, se logró la captura de más de veinte presuntos integrantes del ‘Clan del Golfo’ en los departamentos de Atlántico y Cesar.
Las acciones se dirigieron contra las subestructuras ‘Carlos Daniel Fulaye Vargas’ y ‘Ferney Antonio López Polo’, afectando significativamente sus operaciones delictivas en la región. En el Atlántico, una operación en Soledad resultó en la captura de once miembros de la subestructura ‘Carlos Daniel Fulaye Vargas’, entre ellos sus tres principales cabecillas: Jonatan Joel Mercado Merlano, alias ‘Corioto’ o ‘José’; Jorge Isaac Montes Naar, alias ‘César’ o ‘Cartagena’; y alias ‘Chiquito Cuello’. A esta organización se le atribuye la responsabilidad en al menos 17 homicidios durante el último año.
Alias ‘Corioto’, con un historial criminal de más de 15 años, es señalado como el autor intelectual del asesinato del subintendente Ronald Montañez en abril de 2025. Uno de los capturados más notables en Atlántico es Jorge Luis Santiago Charris, un agente del CTI adscrito a la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía. Según las investigaciones, Charris formó parte del esquema de seguridad de la fiscal del caso Nicolás Petro y presuntamente utilizaba su posición para filtrar información y facilitar actividades de narcotráfico para la organización criminal, con la que tendría un vínculo de cinco años. Paralelamente, en el departamento del Cesar, la ‘Operación Agamenón’ permitió la captura de doce integrantes de la subestructura ‘Ferney Antonio López Polo’.
Entre los detenidos se encuentran alias ‘Colacho’, encargado del microtráfico y homicidios selectivos, y alias ‘Pelo Pita’, coordinador de inteligencia criminal. Esta red está vinculada a por lo menos 15 homicidios y obtenía ganancias mensuales superiores a los 100 millones de pesos, utilizando a menores de edad para la distribución de drogas cerca de colegios. En esta operación fue clave la información ciudadana, por la cual la Gobernación del Cesar aprobó el pago de recompensas.
Durante los allanamientos en ambos departamentos se incautaron armas de fuego, una granada, municiones de diversos calibres, equipos de comunicación y computadores.
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