La Justicia Cierra el Cerco: Acusaciones Formales Sacuden al 'Zar del Contrabando' y a un Exgobernador

La Fiscalía General de la Nación avanza con la formulación de cargos en dos casos de alto impacto que revelan presuntas redes de corrupción a nivel nacional y regional, involucrando al señalado contrabandista Diego Marín Buitrago, alias 'Papá Pitufo', y al exgobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Diego Marín Buitrago, conocido como alias 'Papá Pitufo', por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho. Considerado uno de los mayores contrabandistas del país, Marín Buitrago compareció virtualmente desde Portugal ante un juez de Bogotá. El juicio en su contra iniciará con audiencias preparatorias el 23 de febrero de 2026. Según el ente acusador, 'Papá Pitufo' lideró una organización criminal entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, dedicada a corromper a funcionarios públicos para facilitar el ingreso de mercancía ilegal, principalmente en los puertos de Buenaventura y Cartagena. La red de corrupción presuntamente involucraba a miembros y exmiembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa). La investigación detalla que Marín Buitrago pagaba sobornos mensuales que oscilaban entre 3.5 y 5 millones de pesos, además de entregar dádivas como vehículos de alta gama y el uso de un apartamento en Cartagena a un oficial. El expediente menciona al menos cuatro episodios de sobornos directos y otros 17 pagos en efectivo.

Mientras su defensa califica las acusaciones como “pura carreta”, la Fiscalía también señaló que entre sus socios se encuentran Ricardo Orozco Baeza, alias ‘El Bendecido’, y otros individuos que también enfrentan procesos judiciales.

El caso avanza mientras Portugal define la solicitud de extradición. Paralelamente, la Fiscalía imputó cargos al exgobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cargo que el exmandatario no aceptó. La imputación se relaciona con un contrato de 445 millones de pesos firmado en marzo de 2020 para la entrega de 800 kits de ayuda humanitaria durante la pandemia. Según la investigación, el contrato se habría adjudicado a una empresa vinculada a un financiador de su campaña política. Adicionalmente, se investigan otras presuntas irregularidades en un contrato de insumos de protección y un proceso disciplinario de la Procuraduría por obras viales financiadas con regalías.