Autoridades abren investigaciones contra el presidente Gustavo Petro por presunta financiación ilegal de su campaña



La Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrieron investigaciones penales para esclarecer las denuncias sobre presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Las actuaciones judiciales se originaron tras la divulgación, por parte de la precandidata presidencial Vicky Dávila, de un audio atribuido a Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, cabecilla de la banda criminal ‘La Inmaculada’. En la grabación, Marín Silva, quien fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, afirma haber entregado dinero a Juan Fernando Petro con destino a la campaña de su hermano.
El extraditado asegura poseer pruebas como videos y consignaciones que planea entregar a las autoridades estadounidenses.
A raíz de estas declaraciones, la Red de Veedurías Ciudadanas solicitó formalmente a la Fiscalía investigar los hechos y presentó una denuncia ante la Comisión de Acusación contra el presidente Petro, pidiendo que se tome declaración a ‘Pipe Tuluá’ y a Juan Fernando Petro. Atendiendo a la gravedad de los señalamientos, la Comisión de Acusación, presidida por la representante Gloria Arizabaleta, inició una investigación penal de oficio contra el jefe de Estado por el presunto delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. De manera paralela, una fiscalía de la Unidad Especializada contra la Corrupción comenzó los actos urgentes de investigación, que incluyen la revisión técnica de la grabación y la toma de declaraciones. Por su parte, Juan Fernando Petro ha negado rotundamente las acusaciones, calificándolas de falsas y asegurando que una fotografía que lo vincula con el capo es un “montaje”.
Afirmó no conocer a ‘Pipe Tuluá’ y nunca haber recibido dinero de él para la campaña.
El hermano del presidente también mencionó un intento de chantaje previo y cuestionó que las denuncias surgieran el mismo día en que el mandatario firmó la extradición de Marín Silva, sugiriendo una motivación política.















