
Controversia en la Fiscalía por el caso Nicolás Petro



La fiscal Lucy Laborde, a cargo del proceso contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, envió una carta a la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, denunciando lo que consideró afectaciones a su independencia. Laborde señaló que se le asignó una fiscal de apoyo, María Isabel Ramírez, sin haberla solicitado y que sentía presiones para incluir nuevos hechos en el proceso, lo que, a su juicio, afectaba el equilibrio institucional y su autonomía. En respuesta, la Fiscal General Camargo ordenó el retiro de la fiscal de apoyo y respondió a Laborde a través de una carta de cinco páginas. En la misiva, Camargo aclaró que la designación de apoyo no buscaba “socavar su autonomía”, sino ofrecerle herramientas y asesoría jurídica. Explicó que una reunión del 18 de septiembre, percibida como presión por Laborde, era una mesa de trabajo habitual para evitar la duplicidad de investigaciones, ya que otro despacho ya indagaba hechos similares relacionados con contratos con la Gobernación del Atlántico. Camargo enfatizó que, pese a tener la autoridad jerárquica, no le ha impuesto ninguna decisión a Laborde y que durante su administración no existirán directrices que afecten la independencia de los fiscales.
La denuncia generó diversas reacciones.
El presidente Gustavo Petro afirmó en su cuenta de X que el proceso se había convertido en un “festín de la oposición” para vengarse de él a través de su hijo. Por su parte, Alejandro Carranza, abogado defensor de Nicolás Petro, desmintió las presiones y calificó la queja de Laborde como una “pataleta mediática”, asegurando que ella misma había aceptado a la fiscal de apoyo en una audiencia en marzo. Tras la polémica, se conoció que el próximo 1 de octubre se realizará una nueva audiencia en la que podría solicitarse medida de aseguramiento contra Petro Burgos. De forma paralela, el presidente Petro, a través del mismo abogado Carranza, solicitó ser reconocido como víctima en el proceso penal por prevaricato contra Mario Burgos, el fiscal que inicialmente llevó el caso contra su hijo. Burgos fue apartado de la investigación por la Comisión de Disciplina Judicial por presuntamente filtrar videos del caso. La defensa del mandatario argumenta que Burgos habría abusado de sus funciones al indagar a una persona con fuero constitucional.
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