El regreso de un defensor de la independencia judicial: César Valencia, nuevo ministro de Justicia

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, ha sido designado como nuevo ministro de Justicia, un nombramiento que busca restaurar los puentes entre el Ejecutivo y la rama judicial en medio de grandes desafíos para el país.

El presidente Gustavo Petro nombró al exmagistrado César Julio Valencia Copete, de 72 años, como nuevo ministro de Justicia y del Derecho, en reemplazo de Eduardo Montealegre. Valencia se convierte en el cuarto titular de esta cartera durante la actual administración. La salida de Montealegre se produjo tras presentar un borrador de proyecto para una Asamblea Constituyente y, según una fuente, en medio de disputas con otros altos funcionarios. Valencia Copete es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Comercial, y cuenta con una extensa trayectoria de 36 años en la rama judicial. Su carrera incluye cargos como juez municipal, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y procurador delegado, antes de llegar a la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia en 2002, tribunal que presidió entre 2007 y 2008. Su gestión en la Corte se caracterizó por una férrea defensa de la independencia judicial frente a presiones políticas. Durante su periodo como presidente del alto tribunal, Valencia enfrentó una etapa convulsa marcada por el escándalo de la “parapolítica” y las interceptaciones ilegales del DAS.

Protagonizó un notable enfrentamiento con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, a quien denunció por presuntas presiones relacionadas con un proceso judicial contra un familiar del exmandatario.

Aunque Uribe lo denunció penalmente, la investigación fue archivada.

El presidente Petro reconoció su trayectoria recientemente, condecorándolo con la Orden de Boyacá. El nuevo ministro asume el cargo con retos significativos, como recomponer las relaciones con el poder judicial, atender la crisis carcelaria del país, avanzar en la política de “paz total” y manejar las relaciones diplomáticas y de cooperación judicial con Estados Unidos, especialmente en la lucha contra el narcotráfico.