Las medidas económicas propuestas por el gobierno Petro durante la emergencia climática generan un fuerte debate con los gremios productivos

La declaratoria de emergencia económica por la crisis climática ha desatado un intenso debate entre el Gobierno Nacional y los gremios productivos. Las propuestas de suspender la exportación de carne y crear nuevos impuestos han generado preocupación en sectores clave de la economía colombiana.

En respuesta a la emergencia económica declarada por la crisis climática, que ha afectado gravemente a regiones productoras como Córdoba, el presidente Gustavo Petro ha propuesto un paquete de medidas que incluye la suspensión de las exportaciones de carne para controlar el alza de precios internos. Según el mandatario, el costo de este producto vital está subiendo por encima de la inflación debido a la demanda internacional, por lo que el abastecimiento nacional debe ser prioritario. El plan del gobierno también contempla ofrecer créditos con tasa de interés del 0 % para productores del campo, incentivar la siembra de productos básicos en zonas no afectadas y expedir decretos de inversión forzosa para dinamizar sectores como la vivienda y la agricultura. La propuesta sobre la carne ha sido recibida con escepticismo por el sector ganadero. La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) argumenta que el aumento de precios responde principalmente a una reducción temporal de la oferta por las inundaciones en Córdoba y no a las exportaciones. Óscar Cubillos, de Fedegán, reconoció que el desastre presionará los precios, pero sostuvo que otras regiones como los Llanos Orientales y el Magdalena Medio tienen capacidad para suplir la demanda interna. El gremio considera la suspensión de exportaciones una medida extrema, señalando que un ajuste natural del mercado podría equilibrar la oferta sin intervenciones drásticas. Por su parte, los principales gremios empresariales del país han rechazado de manera unificada la creación de nuevos impuestos en el marco de la emergencia, como un tributo al patrimonio para las 15.000 empresas más grandes. Líderes de la Andi, el Consejo Gremial y AmCham Colombia calificaron la medida como “antitécnica”, advirtiendo que desincentiva la inversión y la generación de empleo. Argumentan que el problema no es la falta de recursos, sino la mala gestión de los mismos, y proponen utilizar mecanismos ya existentes como los fondos de la Ley de Gestión del Riesgo, reorientaciones presupuestales y regalías no ejecutadas. La desconfianza se agudiza por los recientes escándalos de corrupción en la UNGRD, entidad encargada de atender estas crisis.

Este debate se produce en un contexto económico desafiante para otros sectores clave.

La floricultura, por ejemplo, enfrenta en 2026 una “tormenta perfecta” por la apreciación del peso y un aumento del 23 % en el salario mínimo, factores que presionan fuertemente su competitividad y rentabilidad en los mercados internacionales.