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Panorama económico de Colombia: entre la mejora del empleo y la crisis energética

Colombia enfrenta un panorama económico de contrastes en 2025: mientras las cifras de desempleo muestran una notable recuperación, el sector de hidrocarburos enciende las alarmas por una inminente crisis de gas que amenaza la seguridad energética del país.
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La economía colombiana presenta una dualidad en sus proyecciones para 2025. Por un lado, el mercado laboral muestra signos positivos, con una tasa de desempleo en agosto que se ubicó en 8,6 %, la cifra más baja para ese mes desde 2001.

Esta mejora, que representa una reducción de 1,1 puntos porcentuales frente al año anterior, fue impulsada principalmente por los sectores de industria manufacturera, construcción y transporte. No obstante, persisten desafíos estructurales como una alta informalidad que supera el 55 %, además de brechas significativas en el desempleo juvenil y de género. En contraste con el panorama laboral, el sector energético enfrenta una situación crítica, especialmente en el suministro de gas natural. Aunque la inversión total en hidrocarburos crecerá un 8 % en 2025, alcanzando los US$ 4.680 millones, la producción de gas caerá de 959 a 905 millones de pies cúbicos diarios. La inversión en exploración se encuentra en su nivel más bajo de los últimos cuatro años y las reservas probadas de gas han disminuido un 57 % en la última década, mientras que las de petróleo apenas alcanzan para 7,2 años. Factores como demoras en licencias, consultas sociales y la inseguridad agravan el riesgo para la autosuficiencia energética y las finanzas públicas. Ante la advertencia de un déficit de gas que podría alcanzar los 117 millones de pies cúbicos diarios para finales de 2027, poniendo en riesgo a 3.500 empresas y más de 300.000 empleos, han surgido propuestas para evitar el desabastecimiento. La Transportadora de Gas Internacional (TGI) ha planteado la instalación de una unidad flotante de regasificación (FSRU) en La Guajira, un proyecto de iniciativa privada con un costo estimado de US$ 150 millones que podría estar operativo en enero de 2027. Esta solución busca aprovechar la infraestructura existente para garantizar el suministro al interior del país, pero su viabilidad depende de la coordinación y voluntad política entre el Gobierno, Ecopetrol y otros actores del sector.

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