Un tribunal ordena la detención de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el caso de la UNGRD



La magistrada Aura Alexandra Rosero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, impuso el jueves 18 de diciembre medida de aseguramiento en un centro carcelario contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco. La decisión se enmarca en la investigación por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Invías. La Fiscalía había imputado a ambos exfuncionarios los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que ninguno de los dos aceptó. Según la investigación, Bonilla y Velasco habrían coordinado el desvío de contratos millonarios para favorecer a congresistas a cambio de su apoyo a proyectos de ley, reformas y operaciones de crédito público del Gobierno.
La fiscal del caso señaló que Bonilla direccionaba los recursos públicos, mientras que Velasco mantenía el contacto directo con los legisladores. Al justificar la reclusión en un centro penitenciario, la magistrada Rosero argumentó que la solicitud inicial de la Fiscalía de detención domiciliaria era insuficiente dada la gravedad de los hechos y el rol de los exministros como presuntas "cabezas" de la estructura criminal. Sostuvo que, a pesar de no ocupar ya cargos públicos, representan un peligro para la comunidad y el proceso judicial debido a las "redes políticas, administrativas y relacionales previamente consolidadas". La medida fue calificada como "idónea, necesaria y proporcional" para evitar que puedan influir en la investigación.
El tribunal dio credibilidad a los testimonios de testigos clave como Olmedo López, Sneyder Pinilla y la exasesora María Alejandra Benavides. La Fiscalía documentó comunicaciones y reuniones para gestionar contratos de interés para congresistas, como proyectos en Córdoba y el Caribe.
Con esta decisión, Bonilla y Velasco se convierten en los exfuncionarios de más alto rango enviados a prisión por este escándalo, que ya involucra a los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.
















