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La encrucijada de Ecopetrol: presión presidencial por vender activos de 'fracking' choca con advertencias de detrimento patrimonial

La propuesta del presidente Gustavo Petro de vender los rentables activos de 'fracking' de Ecopetrol en Estados Unidos ha desatado una fuerte controversia, enfrentando su visión de transición energética con serias advertencias de un posible detrimento patrimonial para la nación.
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El presidente Gustavo Petro está presionando a la Junta Directiva de Ecopetrol para que venda su participación en el proyecto de 'fracking' en la cuenca del Permian en Texas, Estados Unidos, que opera en sociedad con la petrolera Occidental Petroleum (Oxy). Esta iniciativa, enmarcada en la política de transición energética del gobierno, ha generado una fuerte oposición por parte de exfuncionarios, expertos del sector y el sindicato de la empresa, quienes alertan sobre un grave riesgo de detrimento patrimonial. Un grupo de 70 exministros, expresidentes de Ecopetrol como Felipe Bayón y Juan Carlos Echeverry, y expertos del sector energético enviaron una carta a la Procuraduría y la Contraloría para que impidan la venta. Argumentan que el negocio en el Permian es el más rentable de la compañía, representando el 15 % de su producción total (cerca de 100.000 barriles diarios) con un margen Ebitda del 76 %. Advierten que la venta podría reducir las reservas de la empresa en un 10 % y provocar una caída del 30 % en el valor de la acción. Para superar la resistencia dentro de la Junta Directiva, que ya motivó la renuncia de su presidenta Mónica de Greiff, el gobierno ha convocado a una asamblea extraordinaria para el 11 de noviembre. El objetivo sería reemplazar a los miembros que se oponen a la venta y modificar los estatutos. El presidente Petro sostiene que el Permian es un mal negocio que podría llevar a Ecopetrol a la quiebra, basándose en un informe que señala rentabilidades decrecientes y la no recuperación de la inversión inicial. Este documento argumenta que la producción se ha desplazado hacia el gas, que es menos rentable para la empresa. La Unión Sindical Obrera (USO) también se opone a la medida, calificándola de “pésimo negocio” y amenazando con movilizaciones. Mientras tanto, el acuerdo con Oxy fue renovado en febrero de este año, con un plan de inversión adicional de 880 millones de dólares para perforar 34 nuevos pozos entre 2025 y 2026. La controversia también incluye otras directrices presidenciales, como realizar negocios con la estatal venezolana PDVSA y la compra de Monómeros.

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