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La Reconstrucción Inconclusa de Mocoa: Exdirectores de la UNGRD Enfrentan Juicio Disciplinario

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra dos exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por presuntas irregularidades y omisiones que paralizaron la reconstrucción de Mocoa, un proyecto vital tras la tragedia de 2017.
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La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos e iniciado un juicio disciplinario contra dos exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez (2022–2023) y Eduardo José González Angulo (2018–2022). La investigación se centra en presuntas irregularidades y omisiones en la planeación y ejecución del proyecto de reconstrucción de Mocoa, Putumayo, financiado con más de 185.000 millones de pesos del Sistema General de Regalías (SGR). Según el Ministerio Público, ambos exfuncionarios habrían fallado en sus deberes de gestión, omitiendo las acciones necesarias para reencauzar el proyecto, superar los obstáculos que surgieron durante su desarrollo y garantizar su culminación. Esta presunta falta de diligencia habría provocado que varios contratos fueran suspendidos, otros no se iniciaran y que, a la fecha, el proyecto de reconstrucción permanezca inconcluso, a pesar de su importancia estratégica para la mitigación de riesgos en la región. El plan de reconstrucción fue diseñado como respuesta a las devastadoras avalanchas de 2017 y 2018, que dejaron más de 300 fallecidos y miles de damnificados. Contemplaba un total de 17 contratos de obra y 11 de interventoría para la construcción de 56 obras de mitigación. Sin embargo, la falta de avances ha dejado a la comunidad de Mocoa esperando soluciones definitivas por más de siete años. La Procuraduría, a través de su Delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR, ha calificado la presunta conducta de López Martínez como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, mientras que la de González Angulo fue calificada como falta gravísima a título de culpa grave. El proceso disciplinario busca establecer las responsabilidades de los exdirectivos y determinar si hubo un detrimento patrimonial de los recursos públicos destinados a la recuperación del municipio.

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