La Guerra desde el Aire: Drones Armados Acorralan a Comunidades y Desafían al Estado

El conflicto armado en Colombia ha escalado a una nueva dimensión tecnológica, donde el uso de drones como armas letales por parte de grupos ilegales está sembrando el terror en comunidades del Cauca y Catatumbo, dejando un rastro de víctimas civiles y evidenciando vacíos en la seguridad nacional.

La intensificación del conflicto en el suroccidente del país se ha hecho evidente con recientes ataques coordinados por disidencias del Estado Mayor Central de ‘Iván Mordisco’. En Suárez, Cauca, un ataque con drones del frente Jaime Martínez contra la estación de Policía causó la muerte de una comerciante de nacionalidad ecuatoriana y dejó a un menor herido. Casi simultáneamente, en Jambaló, la columna Dagoberto Ramos hostigó durante horas a la Fuerza Pública, dejando un saldo de siete policías, un militar y un civil heridos, además de dejar al municipio sin energía ni comunicaciones. La gravedad de la situación llevó al alcalde de Suárez a declarar que el conflicto "se salió de control", mientras que el secretario de Gobierno de Jambaló lamentó la ausencia de la Gobernación del Cauca en el territorio.

Estos ataques revelan una peligrosa sofisticación tecnológica.

Según inteligencia militar, los grupos armados han pasado de usar drones comerciales para soltar cargas por gravedad a implementar tecnología FPV (First Person View). Estos drones, pilotados con gafas de realidad virtual, son de alta velocidad, difíciles de inhibir y su bajo costo, inferior a 500 dólares, permite ataques de saturación tipo "enjambre", convirtiéndolos en misiles guiados de gran letalidad. Esta modalidad de guerra no es exclusiva del Cauca.

En la región del Catatumbo, en Norte de Santander, un ataque similar sobre una vivienda en El Tarra provocó la muerte de un adulto mayor. Cifras del Ministerio de Defensa indican que en esa zona se han detectado 48.156 vuelos de drones, con 1.692 intentos de ataque neutralizados y 30 que impactaron sus objetivos, causando la muerte de ocho uniformados.

Los grupos armados operan estos dispositivos desde zonas urbanas, camuflados entre la población civil, lo que complica la respuesta militar. La respuesta institucional ha sido desigual.

Mientras en el Cauca las autoridades locales claman por ayuda, en el Valle del Cauca la Gobernación activó el Comité de Prevención y Anticipación al Terrorismo (COPAT) y prepara un decreto para regular el espacio aéreo en Cali y Jamundí, buscando llenar un vacío normativo nacional.

Sin embargo, expertos advierten que se necesita una legislación de seguridad que controle la importación de componentes de drones, que actualmente ingresan al país como si fueran juguetes.