Despliegue militar de EE. UU. en el Caribe: entre la ofensiva antinarcóticos y la presión geopolítica



El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha intensificado su presencia militar en Latinoamérica con el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque en el mar Caribe, cerca de las aguas de Suramérica. Oficialmente, la misión, ordenada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tiene como objetivo “desmantelar las organizaciones criminales transnacionales” y fortalecer la ofensiva antidrogas.
El USS Gerald R. Ford es descrito como el portaaviones más grande y poderoso del mundo, de propulsión nuclear, con capacidad para 75 aeronaves y una tripulación de aproximadamente 4.500 personas.
Este despliegue se suma a una presencia militar estadounidense ya existente en la zona, que incluye destructores, submarinos y aviones de patrulla. La operación se enmarca en una campaña que, desde septiembre, ha incluido más de diez ataques contra presuntas narcolanchas, resultando en la muerte de 43 personas y el hundimiento de 10 embarcaciones en dos meses. El presidente Trump ha endurecido el discurso al advertir que los “narcoterroristas serán tratados igual que Al Qaeda”, lo que ha incrementado la preocupación en la región. La medida ha sido recibida con críticas y escepticismo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hecho un llamado al diálogo para “evitar una guerra en el Caribe”. Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio da Silva, cuestionó la legalidad de los bombardeos a lanchas, advirtiendo que podría sentar un precedente peligroso. Analistas internacionales señalan que la justificación de la lucha antinarcóticos no se sostiene, argumentando que la magnitud del despliegue es desproporcionada y que existen métodos más efectivos, como combatir el lavado de dinero en el sistema financiero estadounidense. Según algunas interpretaciones, esta escalada militar busca en realidad agredir a Venezuela para forzar un cambio de régimen, además de consolidar a la ultraderecha en el hemisferio. En este contexto, también se mencionan las sanciones impuestas por el gobierno de Trump al presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusándolo sin pruebas de permitir el crecimiento de los carteles de la droga. La comunidad internacional y las sociedades latinoamericanas observan con preocupación el riesgo de una conflagración en la región.











