La Doble Cara del Sector Energético Colombiano: Avances en Transición Verde Chocan con Riesgos de Crisis y Desabastecimiento

Mientras el Gobierno de Colombia reporta avances significativos en su transición energética, con planes para incorporar hidrógeno y expandir la generación solar, el sector enfrenta simultáneamente una crisis marcada por el riesgo de desabastecimiento y una creciente dependencia del gas importado. Este panorama dual genera incertidumbre sobre la seguridad y el costo de la energía para los colombianos.

El Gobierno Nacional, a través del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha destacado los avances en la transición energética, reportando que la matriz de energías limpias se multiplicó por siete, pasando de 200 MW a cerca de 3,5 GW. Entre los logros se incluyen la instalación de paneles solares en más de 2.000 tiendas de barrio, la provisión de energía a más de 17.000 habitantes rurales y la creación de comunidades energéticas en centros de salud y educativos. Esta política se enmarca en la visión de la energía como un derecho fundamental, buscando que los ciudadanos sean también productores.

En paralelo, Colombia apuesta por el hidrógeno como el energético del futuro para descarbonizar su matriz.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) trabaja en la creación de un marco regulatorio para su integración. Según la comisionada Fanny Guerrero, ya se han emitido documentos para analizar la mezcla de hidrógeno en los gasoductos existentes, con un fuerte énfasis en la seguridad y los mecanismos de remuneración para los inversionistas. Se espera que para 2026 existan señales regulatorias más concretas para la industria.

Sin embargo, este impulso hacia el futuro contrasta con una crisis presente en el suministro de gas natural. La producción nacional ha caído a su nivel más bajo en una década, obligando al país a importar gas, lo que ha elevado las tarifas del servicio en más de un 13 % desde octubre de 2024, según el DANE. Expertos advierten que los costos podrían ser aún mayores, con proyecciones de Fedesarrollo que indican posibles aumentos de hasta el 91 % en las principales ciudades.

Para gestionar esta dependencia, la CREG planea nuevas plantas de regasificación en La Guajira y Buenaventura. Expertos como Amylkar Acosta y Tomás González advierten que el sector cierra 2025 con un creciente riesgo sistémico, que incluye la posibilidad de desabastecimiento eléctrico y de gas, una crisis financiera por deudas acumuladas y tensiones regulatorias que erosionan la confianza de los inversionistas. A pesar de que el presidente Gustavo Petro ha negado la posibilidad de un apagón, los analistas señalan retrasos en proyectos de generación y transmisión clave y la fragilidad de una matriz eléctrica que sigue siendo mayoritariamente hídrica. Además, la propuesta de reformar la composición técnica de la CREG genera preocupación sobre la seguridad jurídica del sector.