Colombia y Ecuador inician una guerra comercial con aranceles mutuos del 30 %

Una escalada de tensiones diplomáticas y comerciales ha estallado entre Colombia y Ecuador tras la entrada en vigencia de aranceles recíprocos del 30 %, una medida que amenaza un sólido intercambio comercial y revela profundas fracturas en la cooperación de seguridad fronteriza.

Desde la medianoche del 1 de febrero entraron en vigor los aranceles mutuos del 30 % impuestos por los gobiernos de Colombia y Ecuador, afectando un flujo comercial bilateral que asciende a 2.800 millones de dólares anuales. La medida fue iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien el 21 de enero en Davos anunció el gravamen a las importaciones colombianas, argumentando un desbalance comercial desfavorable para su país y una presunta falta de cooperación de Colombia en la lucha contra el crimen organizado en la frontera. En respuesta, el gobierno de Gustavo Petro aplicó un arancel similar a una lista de aproximadamente cincuenta productos ecuatorianos, incluyendo alimentos, calzado e insecticidas. Adicionalmente, Colombia suspendió la exportación de electricidad a Ecuador desde el 22 de enero, un recurso crucial para el país vecino durante sus crisis energéticas. Ecuador, por su parte, reaccionó aumentando de 3 a 30 dólares por barril la tasa de transporte del crudo de la petrolera colombiana Ecopetrol a través de sus oleoductos. La imposición de los aranceles generó un impacto inmediato en la frontera, con filas de hasta 600 metros de camiones en el puente de Rumichaca intentando cruzar antes de que la medida entrara en vigencia. Gremios empresariales y transportadores de ambos países han expresado su preocupación por las pérdidas económicas, estimadas en Ecuador en unos 273 millones de dólares anuales, y el riesgo para los empleos.

Además, advierten que la situación podría incentivar el contrabando y la inseguridad.

Ante esto, transportadores de ambas naciones anunciaron una movilización conjunta para el 3 de febrero, denominada "Marcha por la Dignidad Fronteriza", para presionar por una solución dialogada. Analistas señalan que la disputa es más que una guerra comercial; es una crisis de confianza que instrumentaliza la seguridad con fines políticos. Ecuador atraviesa una grave crisis de violencia interna y la medida arancelaria es vista como una forma de externalizar responsabilidades.

Se argumenta que estas acciones perjudican las economías legales y a las comunidades fronterizas, sin afectar a las organizaciones criminales transnacionales que operan al margen de la ley. A pesar de la existencia de mecanismos de cooperación bilateral como la COMBIFRON, la confianza política se ha erosionado, y la única salida viable, según los expertos, es retomar el diálogo y la cooperación efectiva para enfrentar amenazas comunes como el narcotráfico y la minería ilegal.