El ambiente electoral en Colombia se tensiona por la violencia y las nuevas encuestas

El ciclo electoral de 2026 en Colombia está marcado por una creciente violencia que, según analistas, alimenta narrativas autoritarias y desvía la atención de las reformas sociales. Este clima de inseguridad se ha visto agravado por hechos como el homicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay en 2025, una emboscada al esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en Arauca y un atentado con explosivos a un ferry en Caquetá en febrero de 2026. Se argumenta que estos ataques fortalecen discursos de “mano dura” y benefician a sectores conservadores, relegando la agenda social del gobierno de Gustavo Petro a un segundo plano. En este contexto, una reciente encuesta de AtlasIntel revela un empate técnico en la intención de voto presidencial entre Abelardo de la Espriella, con un 32,1 %, e Iván Cepeda, con un 31,4 %. El estudio destaca un dato significativo: 1,5 millones de personas que votaron por Gustavo Petro en 2022 ahora apoyarían a De la Espriella, lo que representa un 6,8 % de la base electoral del actual presidente. A pesar de esta migración, Cepeda logra retener al 65,2 % de los antiguos electores de Petro. Por su parte, De la Espriella también capta el 49,5 % de los votos que en su momento fueron para Rodolfo Hernández.

Paralelamente, las campañas políticas avanzan.

La candidata presidencial Clara López Obregón inició la organización de sus comités de campaña en Bogotá y acompañó en Medellín al aspirante al Senado Domingo Ayala, del Frente Amplio Unitario. En el ámbito de los partidos, el Pacto Histórico en el Valle del Cauca tuvo que reinscribir su lista a la Cámara de Representantes después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) la anulara por superar el umbral de votos permitido para presentarse en coalición. Mientras tanto, la Registraduría Nacional del Estado Civil definió mediante sorteo el orden en el tarjetón para las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. Además, el país enfrenta un debate sobre la pertinencia de mantener el calendario electoral en medio de una crisis por inundaciones que afecta a varias regiones. A pesar de los llamados a considerar la situación de los damnificados, la Registraduría ha sostenido que las fechas no pueden modificarse por ley.