El decreto de emergencia económica del gobierno Petro enfrenta un amplio debate político y jurídico

El decreto de emergencia económica del gobierno de Gustavo Petro se encuentra en el centro de un intenso debate nacional, enfrentando un riguroso escrutinio tanto en el Congreso de la República como en la Corte Constitucional, donde crecen las voces que cuestionan su validez.

El Gobierno Nacional se enfrenta a un doble escrutinio por la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica expedida en diciembre de 2025. Por un lado, la plenaria del Senado de la República citó a los ministros del gabinete a una sesión extraordinaria de control político para que expongan los fundamentos jurídicos y económicos que justificaron la medida. Durante el debate, los ministros, incluyendo los de Interior, Armando Benedetti, y Hacienda, Germán Ávila, deben explicar la necesidad y proporcionalidad de la emergencia, así como detallar operaciones específicas como la venta directa de $23 billones en Títulos de Tesorería (TES) a la firma extranjera Pimco.

Paralelamente, la Corte Constitucional ha recibido múltiples solicitudes y conceptos que piden tumbar el decreto por considerarlo inexequible.

Entre los críticos se encuentran gremios, académicos y exfuncionarios del propio gobierno Petro, como el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González. Ambos coinciden en que la declaratoria carece de un "hecho sobreviniente", requisito indispensable que exige la Constitución, argumentando que la crisis fiscal actual no es imprevista, sino el resultado de una deficiente presupuestación de ingresos y del fracaso de proyectos de ley en el Congreso. El Consejo Gremial Nacional también solicitó formalmente a la Corte invalidar el decreto, al considerar que no existen razones extraordinarias que justifiquen su expedición y que se está utilizando una herramienta excepcional para eludir el control del Congreso en materia tributaria. Según el Gobierno, la emergencia se declaró debido a que el presupuesto de 2026, de 516 billones de pesos, quedó desfinanciado tras el archivo de la ley de financiamiento. Ante las críticas, el presidente Gustavo Petro advirtió a través de su cuenta de X que una posible suspensión del decreto por parte de la Corte Constitucional podría provocar un encarecimiento de la deuda del país.