La Defensoría del Pueblo exige un plan de choque a Nueva EPS por el aumento del 107% en quejas de usuarios

La Nueva EPS enfrenta una crisis sistémica a nivel nacional, evidenciada por un aumento sin precedentes en las quejas de los usuarios y graves fallas en la prestación de servicios, lo que ha provocado la intervención de la Defensoría del Pueblo.

El sistema de salud colombiano enfrenta una situación crítica centrada en la Nueva EPS, que registró un incremento del 107 % en las quejas de sus afiliados durante 2025, sumando 14.603 reportes. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se recibieron cerca de 5.000 quejas, y solo en los primeros 20 días de enero de 2026 se contabilizaron 1.100 casos de vulneración de derechos, afectando principalmente a pacientes con patologías de alto costo. Las principales problemáticas son la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos y la negación de servicios. La crisis tiene un impacto severo a nivel regional, como se evidencia en Boyacá, donde las deudas de la EPS con hospitales y clínicas han provocado la suspensión parcial de servicios. A esto se suman las demoras en la asignación de citas con especialistas y la falta de medicamentos, atribuida al operador farmacéutico DISCOLMETS. Este patrón de fallas se repite en otras regiones como la Amazonia, la Orinoquía y el Pacífico, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de la red prestadora y el acceso a la salud para millones de usuarios, especialmente en territorios donde Nueva EPS es el único asegurador. En respuesta, la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín Ortiz, lanzó la estrategia “Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud (DIPSA)”, que resultó en cuatro compromisos por parte de Nueva EPS: priorizar la entrega de medicamentos pendientes, reforzar la atención en territorios apartados, estabilizar los pagos a la red de prestadores y cumplir con las órdenes judiciales. La Defensoría realizará un seguimiento semanal para verificar el cumplimiento.

La situación se ha agravado por recientes agresiones físicas, amenazas con armas de fuego y vandalismo contra personal de salud y gestores farmacéuticos en ciudades como Medellín, Ibagué y Bogotá. Ante estos hechos, los operadores han advertido que podrían cerrar puntos de atención de manera preventiva, lo que afectaría aún más la dispensación de medicamentos. Nueva EPS ha implementado planes de contingencia, como la ampliación de horarios, pero reitera que la violencia pone en riesgo la continuidad del servicio.