El gobierno de Petro propone un impuesto al patrimonio empresarial para financiar la emergencia por lluvias y genera controversia

Ante la grave crisis invernal que afecta a varios departamentos del país, el Gobierno colombiano ha decretado una emergencia económica y propuesto un controvertido impuesto al patrimonio para las grandes empresas, desatando un fuerte debate sobre su impacto en la inversión y el empleo.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró una nueva emergencia económica para atender la crisis causada por las fuertes lluvias, que han dejado más de 250.000 damnificados en departamentos como Córdoba, Sucre, Antioquia y La Guajira. Como medida inmediata, el mandatario anunció el envío de alimentos y brigadas médicas, exigió a las EPS brindar atención en las zonas afectadas y ordenó la recuperación de la Ciénaga Grande de Córdoba para mitigar futuras inundaciones. Para financiar la emergencia, el Ejecutivo propuso la creación de un impuesto al patrimonio dirigido a unas 15.000 personas jurídicas con patrimonios líquidos superiores a $10.400 millones, con el que se espera recaudar $8 billones. La medida establece una tarifa progresiva del 0,6 % para patrimonios hasta $31.424 millones y del 1,2 % para los que superen ese umbral.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, justificó el tributo por la necesidad de recursos ante el desbalance fiscal y la crisis climática, admitiendo que no era la opción preferida. La propuesta generó un rechazo inmediato de gremios y expertos. El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, e Intergremial Antioquia calificaron la medida como un "impuesto a la inversión" que asfixia a las empresas y ataca la generación de empleo. Analistas tributarios advirtieron que, sumado a las cargas existentes, el nuevo impuesto podría absorber entre el 50 % y el 72 % de las utilidades de una compañía, aumentando la incertidumbre jurídica y desincentivando la llegada de capital al país. El expresidente de la ANIF, José Ignacio López, afirmó que estas políticas empobrecen a Colombia.

En su defensa, el presidente Petro argumentó que el impuesto se calcula sobre el patrimonio líquido y se dirige a las "empresas más ricas", no a las pequeñas, medianas o endeudadas. El Gobierno recordó que este tipo de tributo ya se había aplicado en administraciones anteriores. Sin embargo, críticos como el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, señalaron que existen otras vías para obtener recursos, como el uso de regalías no ejecutadas, la venta de activos de la SAE o la aprobación de una amnistía tributaria en el Congreso.