
Crisis del narcotráfico: Colombia bajo la lupa internacional



Por primera vez en casi tres décadas, Colombia enfrenta la posibilidad de ser descertificada por Estados Unidos en su lucha contra las drogas. Washington incluyó al país en una lista de naciones que no han cumplido sus metas, citando niveles históricos en los cultivos de coca y la producción de cocaína. Aunque la Casa Blanca concedió una exención temporal o 'waiver', el país queda bajo estricta observación y se arriesga a severas consecuencias financieras, comerciales, migratorias y de reputación si no se adoptan medidas contundentes.
La reacción del gobierno colombiano ha sido crítica hacia las cifras. El presidente Gustavo Petro ha cuestionado públicamente el informe de la ONU, argumentando que contiene errores metodológicos en la medición de la productividad de los cultivos. En contraste, figuras de la oposición, como el precandidato presidencial Juan Carlos Cárdenas, han denunciado que la producción de cocaína se ha multiplicado por 30 desde la época de Pablo Escobar, superando las 3.000 toneladas anuales, y acusan al gobierno de negar la gravedad del problema. Cárdenas también vincula este aumento con la expansión de grupos armados ilegales. La magnitud del narcotráfico se evidencia en operativos internacionales, como la reciente incautación de más de una tonelada de cocaína colombiana en el puerto de Róterdam, que había salido desde Buenaventura. Ante este escenario, surgen propuestas para abordar el problema de raíz. Cárdenas sugiere invertir en infraestructura rural para ofrecer a los campesinos alternativas rentables a la siembra de coca, mientras que otro análisis señala la estabilización de los municipios PDET como la clave para romper el círculo vicioso de la coca y la violencia. El sector financiero, recordando la descertificación de 1995 y sus costos económicos, busca blindarse mediante el fortalecimiento de la prevención del lavado de activos y el diálogo directo con autoridades estadounidenses. La advertencia actual no es simbólica; es un llamado urgente para que Colombia intensifique la erradicación, la sustitución de cultivos y el control del narcotráfico, pues la exención es una prórroga para corregir el rumbo antes de que las consecuencias sean irreversibles.
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