Autoridades colombianas avanzan en la lucha contra la corrupción con embargos y capturas en casos de alto impacto

La Fiscalía y la Contraloría han ejecutado acciones contundentes contra redes de defraudación fiscal y funcionarios implicados en desfalcos millonarios, destacando la ocupación de bienes en el caso 'Centros Poblados' y sanciones por irregularidades en obras públicas.

Las autoridades colombianas han intensificado su lucha contra la corrupción con una serie de operativos y decisiones judiciales que impactan a redes de defraudación fiscal, funcionarios públicos y los implicados en grandes desfalcos al erario. Las acciones, lideradas por la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República, abarcan diferentes regiones y modalidades delictivas. Uno de los casos de mayor impacto es el de 'Centros Poblados', en el que la Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 23 bienes avaluados en más de 65.900 millones de pesos.

Los activos, que incluyen predios, establecimientos comerciales y participaciones societarias, pertenecerían a implicados como Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez y otros.

Las propiedades, ubicadas en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño, habrían sido adquiridas con recursos del anticipo irregular del contrato que buscaba llevar internet a escuelas rurales.

La medida también afectó un inmueble de la exministra de las TIC, Karen Abudinen, por una decisión de responsabilidad fiscal de la Contraloría. Paralelamente, la Fiscalía desarticuló en Bogotá y Casanare una red criminal dedicada a la venta de facturas falsas a través de 185 empresas de papel. Seis personas fueron capturadas por su presunta participación en la simulación de operaciones comerciales por más de 843.000 millones de pesos entre 2012 y 2022, lo que habría causado un detrimento patrimonial al Estado superior a los 155.000 millones de pesos al facilitar la evasión del IVA y la reducción del impuesto de renta. En el ámbito regional, la Contraloría emitió un fallo sancionatorio contra el alcalde de Sabanalarga (Atlántico), José Elías Chams, por irregularidades en un proyecto de alcantarillado. Además, el ente de control adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por 460 millones de pesos en la adecuación de un patinódromo y ha identificado hallazgos fiscales por 2.553 millones en otros proyectos inconclusos o con deficiencias técnicas, como la plaza central y la pavimentación de vías.