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Transición energética en Colombia: Avances y desafíos

Colombia impulsa su transición energética con programas de energía solar para hogares vulnerables y pequeños comercios, mientras el sector de renovables advierte sobre los desafíos institucionales y sociales que frenan la ejecución de nuevos proyectos en el país.
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El Gobierno nacional lanzará en Barranquilla el programa ‘Colombia Solar’, una iniciativa que busca reemplazar los subsidios por energía limpia en los hogares de estratos 1 y 2. Con una inversión de cerca de 8 billones de pesos, administrados por Gecelca como vehículo financiero, el programa se implementará a través de una alianza estratégica con el operador Air-e. El objetivo es convertir a la ciudad en pionera de esta política, beneficiando a más de 1.3 millones de usuarios en la capital del Atlántico con la instalación de soluciones solares, lo que además se espera que genere empleo local y fortalezca la independencia energética. De manera similar, en Barrancabermeja se está construyendo una política pública para convertir al distrito en la ‘Capital Solar de Colombia’. La administración local ha organizado mesas de trabajo con la comunidad, comerciantes y el sector académico para definir los lineamientos de esta estrategia. Dentro de este plan se destaca la iniciativa ‘Tenderos Solares’, diseñada para reducir los costos de energía eléctrica de los pequeños empresarios en los barrios. A pesar de estos avances, el sector de energías renovables enfrenta obstáculos significativos. Alexandra Hernández, presidenta de SER Colombia, advirtió que en el país existe un "incentivo para parar los proyectos". Señaló que los procesos de licenciamiento ambiental y, en especial, la consulta previa, representan grandes desafíos, particularmente en regiones como La Guajira por la falta de claridad en la representación de las comunidades y la ausencia de una presencia institucional permanente. Hernández insistió en la necesidad de cambiar la lógica para facilitar la ejecución de las obras, mejorar la confianza entre los actores y establecer un equilibrio entre las obligaciones de las empresas y la responsabilidad del Estado en el cierre de brechas sociales para garantizar el éxito de la transición energética.

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