Gobierno recusa a siete magistrados de la Corte Constitucional tras suspensión de la emergencia económica

El Gobierno Nacional ha recusado a siete magistrados de la Corte Constitucional, alegando un conflicto de interés económico, después de que el alto tribunal suspendiera provisionalmente el decreto de Emergencia Económica y Social, una decisión sin precedentes en la historia jurídica del país.

La Corte Constitucional suspendió provisionalmente el Decreto 1390 de 2025, con el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro había declarado el Estado de Emergencia Económica y Social a finales de 2025. La decisión, tomada con seis votos a favor y dos en contra, se basó en que el decreto era manifiestamente contrario a la Constitución, pues los hechos que lo justificaban no eran sobrevinientes, como lo exige el artículo 215 de la Carta Magna. Este auto representa una medida cautelar sin precedentes en más de 30 años de jurisprudencia, ya que la Corte históricamente había realizado el control de constitucionalidad sin suspender la vigencia de los decretos de emergencia, lo que ha generado un debate sobre una posible ruptura del precedente judicial. Como respuesta, la Presidencia de la República, a través de su secretario Jurídico, Augusto Alfonso Ocampo Camacho, presentó una recusación formal contra siete de los nueve magistrados del tribunal.

Los magistrados recusados son Paola Andrea Meneses Mosquera, Natalia Ángel Cabo, Carlos Camargo Assis, Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Lina Marcela Escobar Martínez, Vladimir Fernández Andrade y Miguel Polo Rosero.

El argumento principal del Gobierno es un presunto conflicto de interés económico directo, ya que uno de los decretos expedidos bajo la emergencia, el 1474 de 2025, impuso un impuesto al patrimonio para personas con bienes superiores a 40.000 UVT (aproximadamente $2.094 millones). Según el Gobierno, las declaraciones de renta públicas indican que estos siete magistrados superan dicho umbral, por lo que serían sujetos pasivos del tributo sobre el cual deben decidir, afectando su patrimonio personal. Adicionalmente, la recusación cuestiona una "sesión informal" de los magistrados en Cartagena, donde se habría discutido la ponencia que pedía la suspensión, supuestamente atendiendo intereses de la Federación Nacional de Departamentos, gremio que solicitó la inconstitucionalidad de las medidas. Mientras tanto, la suspensión del decreto de emergencia deja en el aire la validez de los decretos legislativos expedidos a su amparo y el destino de cerca de ochocientos mil millones de pesos ya recaudados, cuya devolución se considera inviable. El presidente Petro ha calificado la decisión de la Corte como un prejuzgamiento y ha utilizado la situación para reforzar su discurso político.