El Gobierno de Colombia decreta un aumento del 23,7 % en el salario mínimo para 2026

El Gobierno Nacional ha decretado un sorpresivo aumento del 23,7 % en el salario mínimo para 2026, una medida que ha generado tanto celebraciones por parte de los sindicatos como una profunda preocupación entre los gremios económicos por sus posibles impactos negativos.

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo legal en Colombia se fijará en $1.750.905, que junto a un auxilio de transporte de $249.095, sumará un ingreso total aproximado de $2.000.000. Este incremento del 23,7 %, decretado por el presidente Gustavo Petro, fue inesperado, ya que superó ampliamente las propuestas discutidas en la mesa de concertación, donde los sindicatos solicitaban un 17 % y los empresarios ofrecían cerca de un 10 %. La medida beneficiará directamente a cerca de 2,4 millones de trabajadores formales.

Legalmente, todo empleador está obligado a ajustar los salarios que, tras el aumento, queden por debajo del nuevo mínimo legal. Esto incluye a los trabajadores que en 2025 ganaban más del mínimo de ese año ($1.623.500 con auxilio) pero menos de $1.750.905.

La Constitución y el Código Sustantivo del Trabajo establecen que este ajuste es automático y obligatorio, y el auxilio de transporte no puede ser utilizado para completar el salario base.

Sin embargo, la decisión ha despertado una fuerte controversia.

Gremios y economistas advierten sobre graves consecuencias, como un aumento de la inflación, el desempleo y las tasas de interés. Se teme que el incremento golpee especialmente a las pequeñas y medianas empresas, emprendimientos familiares y sectores como el de la seguridad, que podrían optar por reemplazar mano de obra con tecnología. Además, se prevé que la medida dificulte la formalización de 11 millones de trabajadores informales.

El aumento también impactará el costo de vida general, ya que múltiples tarifas y cobros están indexados al salario mínimo.

Se espera un alza en cuotas moderadoras de salud, multas de tránsito, trámites notariales, servicios de vigilancia, transporte público y vivienda.

Mientras los sindicatos celebran la medida como una reivindicación histórica, los críticos la consideran una decisión política con un panorama incierto para la economía del país, que podría anular el beneficio para las familias.