Colombia se prepara para un intenso ciclo electoral en 2026 en medio de polarización política

Colombia se adentra en un agitado panorama electoral de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, marcado por una fuerte polarización y movidas estratégicas tanto del Gobierno como de la oposición.

El ambiente político colombiano se intensifica a medida que se acercan las elecciones de 2026, con el 8 de marzo como una fecha clave para las consultas partidistas y las elecciones legislativas que medirán la correlación de fuerzas en el país. La contienda se perfila como una disputa entre tres grandes bloques: las organizaciones que respaldan el proyecto del presidente Gustavo Petro, aquellas que buscan recuperar el poder perdido y un tercer grupo que se presenta como una alternativa a la polarización.

La competencia por el Congreso es notable por su magnitud.

Se disputarán 100 curules en el Senado y 161 en la Cámara de Representantes. Según cifras preliminares, que aún deben ser verificadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), hay 1.078 candidatos al Senado distribuidos en 26 listas y 2.066 aspirantes a la Cámara Baja repartidos en 498 listas. En el ámbito presidencial, la carrera también toma forma. Una encuesta reciente sobre intención de voto posiciona a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella como los principales contendientes, con Roy Barreras también figurando en los primeros lugares.

Actualmente, hay 25 partidos y movimientos preparándose para las consultas interpartidistas del 8 de marzo, mientras que otras 11 fuerzas políticas podrían postular candidatos de forma directa.

El Pacto Histórico, cuyo vencedor en la consulta fue Iván Cepeda, enfrenta una incertidumbre clave: el CNE debe decidir si su consulta fue interna o interpartidista, lo que podría afectar su capacidad para unirse a un "Frente Amplio" de izquierda y centroizquierda para definir una candidatura única.

Este panorama electoral se desarrolla en un contexto de decisiones gubernamentales que generan debate.

El reciente anuncio del presidente Petro sobre un aumento del 23,7 % en el salario mínimo ha sido interpretado por algunos políticos como una estrategia de cara al año electoral, mientras que economistas han expresado su preocupación por los posibles efectos negativos sobre la inflación y el gasto público.