La Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional se enfrentan por el aumento en la tarifa de TransMilenio para 2026

La Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional han entrado en una disputa pública por el aumento de la tarifa de TransMilenio para 2026, una decisión que la administración distrital justifica por costos operativos mientras que el Ejecutivo la considera desproporcionada.

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán oficializó un aumento de $350 en el pasaje del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá para 2026, fijando la tarifa unificada en $3.550. Este incremento del 10,9 % ha generado un enfrentamiento con el Gobierno Nacional, que cuestiona la medida por superar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que tradicionalmente se usa como referencia. La Alcaldía de Bogotá, a través de su secretario general, Miguel Silva Moyano, defendió la decisión argumentando que es necesaria para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y que responde al aumento del salario mínimo, el cual impacta los costos laborales. Silva señaló que el alza es una realidad en otras ciudades del país, con incrementos superiores en Medellín e Ibagué, y propuso crear una mesa de trabajo con los ministerios de Hacienda y Transporte para encontrar soluciones estructurales en lugar de convertir el tema en un "pleito político". La administración distrital también aseguró que mantendrá los subsidios para cerca de 700.000 usuarios vulnerables.

Por su parte, el Ministerio de Transporte ha sido enfático en que el alza del salario mínimo no puede ser la única justificación para el incremento. La cartera solicitó formalmente a TransMilenio un desglose técnico y riguroso que sustente el aumento, advirtiendo que los costos laborales son solo una de las variables a considerar. El Gobierno Nacional, a través de la ministra y la Superintendencia de Transporte, revisará la razonabilidad del ajuste, dado que tiene competencia para conceptuar sobre tarifas que impactan significativamente a los usuarios. La controversia también incluyó un cruce de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Galán. Petro afirmó que el Ejecutivo dispone de $1,5 billones para la compra de una flota eléctrica que permitiría bajar costos, a lo que Galán respondió que el compromiso actual es de $938.000 millones que ingresarían gradualmente hasta 2040, y que si los fondos adicionales se entregaran este año, no se subiría la tarifa.