Una empresa británica recluta mercenarios colombianos para la guerra en Sudán

Una investigación del diario británico The Guardian ha revelado una red transnacional que recluta a exmilitares colombianos para combatir como mercenarios en la guerra civil de Sudán, implicando a una empresa con sede en Londres y a ciudadanos colombianos ya sancionados por Estados Unidos.

Una investigación del periódico The Guardian reveló que cientos de mercenarios colombianos que combaten en la guerra de Sudán junto a las Fuerzas de Acción Rápida (FAR) fueron reclutados a través de una empresa con sede en Londres llamada Zeuz Global. Según los informes, la operación engañó a decenas de exmilitares con falsas ofertas de empleo en Emiratos Árabes Unidos para luego enviarlos al conflicto africano, que la ONU ha calificado como una catástrofe humanitaria. La firma británica está dirigida por dos colombianos que ya habían sido incluidos por Estados Unidos en la Lista Clinton por su participación en este conflicto: Álvaro Andrés Quijano Becerra y Mateo Andrés Duque Botero.

Quijano es un coronel retirado del Ejército, señalado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. como el nodo principal de reclutamiento a través de su empresa A4SI y de estar asociado al cartel del Norte del Valle. Por su parte, Duque Botero, un colombo-español y sobrino del exministro de Defensa Guillermo Botero, es dueño de la empresa Maine Global Corp S.A.S., también sancionada, aunque ha negado tener conocimiento de la operación. Como respuesta a esta red transnacional, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a un total de cuatro colombianos y tres empresas del país en la Lista Clinton. Esta sanción ha tenido como consecuencia que los salarios de los mercenarios, que ascienden a 2.500 dólares, ahora deban ser pagados en efectivo directamente en Sudán. En Colombia, la respuesta ha sido institucional. La Cámara de Representantes aprobó en último debate la ratificación de la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios.

Esta normativa, vigente desde 1989, busca impedir que se financie y reclute a exmilitares para que participen en conflictos armados en el extranjero.