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La doble apuesta de Colombia para la COP30: Defender la Amazonía y reformar el sistema climático global

A pocas semanas de la COP30 en Belém, Brasil, Colombia se perfila como un actor clave al presentar una agenda climática que entrelaza la defensa de la Amazonía con propuestas para una transición energética justa y una reforma financiera global. Tanto el Gobierno como organizaciones civiles intensifican sus llamados para proteger el bosque tropical más grande del planeta.
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En vísperas de la trigésima Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP30), que se celebrará en Belém, Brasil, Colombia ha definido una postura ambiciosa y multifacética. El país se prepara para participar en la cumbre con propuestas que buscan posicionarlo como un líder en la agenda climática global, enfocándose en la protección de la biodiversidad como una solución fundamental a la crisis climática. La delegación colombiana, encabezada por el presidente Gustavo Petro y la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, presentará tres prioridades estratégicas. La primera es lograr que la COP30 reconozca formalmente la biodiversidad como un pilar en la lucha contra el cambio climático, integrando su conservación en los mecanismos de mitigación y financiamiento. En segundo lugar, se impulsará la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, para lo cual Colombia organizará una conferencia internacional en abril de 2026. Finalmente, el país abogará por una reforma del sistema financiero internacional para que la financiación climática no incremente la deuda externa de las naciones del Sur Global. Paralelamente a la agenda gubernamental, la sociedad civil también ha elevado su voz. La organización Greenpeace Colombia llevó a cabo una intervención artística en Bogotá, instalando letras gigantes con la palabra “AMAZONÍA”. Cada letra fue intervenida para simbolizar las principales amenazas que enfrenta la selva: la ganadería extensiva, la minería y la expansión de hidrocarburos. La campaña #RespetaLaAmazonía exige un acuerdo global vinculante para detener la deforestación antes de 2030, finanzas climáticas justas y directas para las comunidades locales, el fin de los combustibles fósiles en la región amazónica y una regulación efectiva de las industrias extractivas. Según la organización, solo en 2024 se destruyeron más de 77.000 hectáreas de bosque en la Amazonía colombiana. Ambas iniciativas, la gubernamental y la civil, subrayan la urgencia de proteger la Amazonía, no solo por su papel en el equilibrio climático global, sino también como hogar de miles de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

El mensaje desde Colombia es claro: es imperativo adoptar medidas concretas y vinculantes para asegurar la supervivencia del pulmón del planeta.

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