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Masacre en Río: La letalidad de la 'mano dura' desata una crisis de derechos humanos en Brasil

Una masiva operación policial en Río de Janeiro, calificada como la más letal en la historia de la ciudad, ha dejado un saldo de más de 130 muertos y ha desatado una profunda controversia sobre las tácticas de seguridad y los derechos humanos en Brasil.
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El martes 28 de octubre de 2025, unos 2.500 agentes de las policías Civil y Militar llevaron a cabo la 'Operación Contención' en los complejos de favelas de Penha y Alemão. El objetivo era desarticular al Comando Vermelho, la organización criminal más antigua de Brasil. La incursión, descrita como de 'escala bélica', se convirtió en la jornada más sangrienta registrada en la ciudad, con un balance final confirmado por la Defensoría Pública de 132 personas fallecidas, entre ellas cuatro agentes de policía. Además, las autoridades reportaron la detención de más de 80 personas y la incautación de al menos 90 fusiles.

La operación ha generado una fuerte polarización.

Mientras el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, la celebró como una 'victoria del Estado' contra el 'narcoterrorismo', organizaciones de derechos humanos, residentes y el Gobierno federal la han condenado enérgicamente. Han surgido graves denuncias de un uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales. Testimonios y reportes locales describen víctimas con disparos en la nuca o por la espalda, así como cuerpos con signos de tortura, lo que ha llevado a calificar el operativo como una 'masacre' y una 'política de exterminio'.

La reacción no se ha hecho esperar. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestó 'horrorizado', y su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, calificó la acción de 'fuerza bruta', aclarando que el Gobierno federal no participó en ella. A nivel internacional, la ONU expresó su horror y exigió una reforma integral de los métodos policiales en Brasil, señalando el racismo sistémico que afecta de manera desproporcionada a la población negra. La Corte Suprema de Brasil y organizaciones como Amnistía Internacional también han pedido investigaciones independientes y el respeto a los estándares internacionales.

Este suceso se enmarca en una política de seguridad de 'mano dura' impulsada por el gobernador Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro. Según analistas, bajo su gestión se han multiplicado las incursiones letales en las favelas, convirtiendo a Río de Janeiro en un 'laboratorio' de estas tácticas. La operación no solo dejó un rastro de muerte, sino que también paralizó la vida de más de 200.000 residentes, con escuelas y centros de salud cerrados, evidenciando el alto costo humano de la estrategia de confrontación directa contra el crimen organizado.

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